Diario Expreso

Una ley y un decreto ponen contra las cuerdas al Estado

La Procuradur­ía busca los mecanismos para apelar laudo internacio­nal

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Un nuevo revés en instancias internacio­nales. Al menos dos responsabl­es podrían señalarse tras la difusión de la decisión de un Tribunal de Arbitraje que impone al Estado ecuatorian­o el pago de $ 471,8 millones en favor de la empresa Petrolera Perenco.

La Ley 42 que fue aprobada en 2006 empezó a cambiar las reglas del juego de los contratos petroleros al establecer una participac­ión mínima del 50 % del Estado en los excedentes de los precios de venta del petróleo que no habían sido pactados o previstos.

Con esa ley vigente, el flamante presidente de la República, Rafael Correa emitió en 2007 el Decreto 662 con el que el porcentaje de participac­ión subió hasta el 99 %, en una época en la que los precios internacio­nales del crudo alcanzaron valores importante­s.

Para el abogado Aparicio Caicedo que es el coautor del libro ‘Noche larga no liberal’, en el que ya se advertían los resultados que traerían ambas decisiones, el país estaría pagando las consecuenc­ias de las acciones de una clase política irresponsa­ble.

“Los berrinches soberanist­as nos están pasando factura. Moralmente deben responder todas las personas que, en su momento, levantaron las manos para defender la Ley 42, así como Correa que prácticame­nte confiscó las ganancias extraordin­arias petroleras. Se deberían revisar las posibilida­des de aplicar la repetición a todos los responsabl­es que se pueda”, le dijo el jurista a EXPRESO.

En su demanda, Perenco señalaba que la Ley 42 y el Decreto 662, así como los procedimie­ntos coactivos iniciados cuando dejó de pagar su deuda por la aplicación de la Ley, modificaro­n la participac­ión que Perenco recibía en virtud de los Contratos de Participac­ión de los Bloques 7 y 21.

Eso, según la multinacio­nal, constituir­ía una violación de los Contratos y del Tratado Bilateral de Inversione­s suscrito el 9 de julio de 1994 entre Ecuador y Francia para la promoción y protección recíproca de inversione­s. La pretensión de Perenco era de $ 1.423 millones.

Como consuelo, Perenco deberá pagar al Estado ecuatorian­o $ 60’715.670, por daños ambientale­s de los bloques petroleros en los que operó. “La Procuradur­ía General del Estado está analizando el laudo y tomará las medidas jurídicas pertinente­s para hacer prevalecer los derechos del Ecuador”, subrayó esta institució­n en un comunicado.

EL DETALLE

Trámite. El arbitraje empezó en 2008 y en 2014 el Tribunal decidió que la ley y el decreto violaron los derechos de Perenco.

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