El bienestar de los líderes indígenas no se traslada a sus comunidades
Dirigentes indígenas y gremiales registran propiedades y empresas, algunos con pago 0 de impuesto a la renta. Su estado dista de la situación de los pueblos que defienden
La población indígena adolece aún de infraestructura o servicios básicos y labora en duras condiciones. Este panorama contrasta con la prosperidad en que viven sus líderes, llamados a representar sus intereses.
Algo más que un tractorcito tienen todos. Empresas, numerosas propiedades y vehículos evidencian que la realidad financiera de los dirigentes indígenas y de los gremios laborales, que auparon el reciente paro nacional, no es la que se aprecia a simple vista. Su próspera situación económica contrasta con el desamparo de sus comunidades. La mayoría de los líderes políticos de la Sierra y la Amazonía viven con holgura.
Este es el caso del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, quien antes de asumir este cargo público presidió la Confederación de Pueblos de las Nacionalidades Kichwas el Ecuador (Ecuarunari). Según el registro de la propiedad de Cuenca, es dueño de dos inmuebles en el norte y centro de la cotizada capital azuaya. Los predios están valorados en un total de $ 120.000.
Así mismo, Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe, y uno de los principales líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), cuenta con propiedades en su ciudad natal, entre ellas una empresa de lácteos, y una casa en Quito en la avenida Upano, descrita por moradores del barrio como Edwin Flores, como un sector “de clase media con aspiraciones”.
Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik, es accionista de tres compañías aéreas en Pastaza, dos de ellas en proceso de liquidación. La que se encuentra activa, Aero Sarayaku, cuenta con un capital inicial de $ 24.000.
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), fue accionista del Servicio Aéreo Achuar, compañía que se inició con un monto de $ 16.000.
Severino Sharupi, dirigente de las juventudes de la Conaie, es propietario del 75 % de los amplios terrenos del centro turístico shuar El Consuelo, en Pastaza. Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, cuenta con una vivienda registrada en Latacunga, a la altura del parque Flores de esa ciudad. Luis Aguavil, gobernador de la etnia Tsáchila, tenía a su nombre una empresa exportadora de alimentos.
Curiosamente, el bienestar económico de los líderes y sindicalistas que protagonizaron el paro no se traduce al pago de impuestos. De los doce dirigentes analizados por este Diario, solo Salvador Quishpe ha cumplido puntualmente con el sistema tributario (ver gráfico). No sobrepasan, entre todos, los $1.000 en impuestos cancelados a lo largo de una década, según la información registrada en el Servicio de Rentas Internas.
Jaime Vargas, presidente de la Conaie, por ejemplo, ha cancelado solo $ 42 entre el 2009 y el 2019, pese a laborar como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Morona Santiago durante el último gobierno. Otros, como Carlos Sucuzahñay, suplente de la asambleísta Encarnación Duchi, no registran pago alguno desde 2007.
$ 4.639 EN IMPUESTO
a la renta pagaron los doce dirigentes indígenas y de trabajo analizados por este Diario en 2018.
$ 11.351
EN IMPUESTO
a la renta declararon dos de las siete empresas (activas y liquidadas) de los dirigentes indígenas entre 2010 y 2018.