¿Qué hacer? ¡Cómo hacerlo!
Los ingresos del petróleo han servido mayoritariamente para financiar un subsidio ruinoso, caro, regresivo y corrupto; han servido también para el pago de intereses y capitales de la deuda pública. No es coincidencia que el monto acumulado del subsidio a lo largo de cuarenta y cinco años y el saldo de la deuda externa a esta fecha sean básicamente la misma cifra ($60.000 millones), o que los $25.000 millones subsidiados por Correa hayan requerido $25.000 millones de endeudamiento. El subsidio, dicho en otras palabras, se lo ha financiado con plata ajena y deberá ser pagado por varias generaciones de ecuatorianos, con altos intereses.
Focalizar con base en la discriminación por usuario es un esquema impráctico; es fuente de distorsiones y corrupción, es inconstitucional y moralmente quebrado.
El argumento de “favorecer a los más pobres” carece de sustento cuando el 60 % de la población recibe menos del 20 % del subsidio. La respuesta a la pregunta “¿qué hacer?” es entonces inequívoca: la única focalización ética y económicamente válida para redistribuir los ingresos petroleros es atender al tercio de ecuatorianos que “se quedan atrás”. El ejercicio de la libertad a plenitud requiere que el ser humano viva una vida digna, sin privaciones de alimentación, cuidados de la salud, seguridad, vivienda y sentido de pertenencia. La estructura gubernamental no está diseñada para combatir la pobreza. Los ministerios no son entes de ejecución para enfrentar problemas que incluyen la falta de oportunidades y el estrés permanente; la baja productividad y la ignorancia; la salud precaria y la alta morbilidad y mortalidad; y la disfunción social y marginación.
Toda vez que la problemática de la pobreza no es una sola, y por razones de efectividad y equidad, se requiere constituir no uno sino varios fideicomisos, por regiones, cuyos territorios de acción son definidos de acuerdo al consumo de combustibles. Esta advertencia es pertinente para evitar caer en los consabidos esquemas burocráticos dependientes del gobierno central, con sede en Quito, que sirven para alimentar el gasto corriente. Los recursos originados en la eliminación de los subsidios, por lo tanto, no pueden ir a la Cuenta Única. El manejo debe ser independiente de la influencia política y deben éstos contar con estructuras de gobierno representativas de los potenciales beneficiarios; con gerencias profesionales y estructuras “light” desburocratizadas. Podrán contratar consultorías especializadas, directamente o con organismos internacionales. Los programas y proyectos requerirán mantener procesos permanentes de realimentación y evaluación de resultados. Podrán, además, coordinar con los ministerios del ramo para coadyuvar a acciones más efectivas de estas instituciones. Los programas serían auditados y el uso de los fondos, en todos los casos, estaría sujeto al control de la CGE.
Contar con un caudal superior a los $1.000 millones anuales, contribuidos por los estratos económicamente más pudientes y distribuidos equitativamente entre los ecuatorianos más pobres, permitirá montar un esfuerzo nacional que nos enaltezca a todos y contribuya a corregir la barbarie económica en la que hemos vivido a lo largo de cinco décadas.
La respuesta a la pregunta
“¿qué hacer?” es inequívoca: la única focalización ética y económicamente válida para redistribuir los ingresos petroleros es atender al tercio de ecuatorianos que “se quedan atrás”.