Secretismo tributario

Una propuesta -que está pasando de agache- en el proyecto de variadísimas reformas legales, todas dizque urgentes, pero que se tramita a paso de tortuga en el pleno de la Asamblea, es la de regresar a un intolerable secretismo en materia de información sobre el pago de obligaciones tributarias de quienes aspiran a acceder a altos cargos públicos, incluyendo los de elección popular. Que se sepa al menos, sobre este asunto nadie ha dicho ni pío.

La Constitución dice, con todas las letras requeridas, que uno de los principios que rige el sistema tributario es el de transparencia (art. 300). Si esto se ata al derecho, también constitucional, que tenemos todos de acceder “libremente a la información generada en entidades públicas” (art. 18, 2º), ya se puede ir comprendiendo por qué no puede haber reserva, de clase alguna, sobre el importe, o cumplimiento, de obligaciones básicas, como las tributarias, de sujetos que aspiran a alcanzar importantes responsabilidades públicas.

El proyecto, como decía al inicio, pretende cubrir con un manto de reserva a todas las “declaraciones, información, datos, informes y antecedentes tributarios” (art. 6), al punto que solo pasaría a poder ser usada, ya por el propio SRI, ya por entidades públicas con facultades legales específicas (de regulación, fiscalización o control), ya por autoridades extranjeras que la requieran sobre la base de instrumentos internacionales celebrados con el Ecuador, so pena de las consabidas “responsabilidades civiles, administrativas y penales” (art. 12).

Si todos tenemos el deber de “pagar los tributos establecidos por la ley” (Constitución, art. 83, 15º), no hay justificación alguna para semejante manto, que solo puede servir de parapeto para cohonestar la corrupción. Y no es que haya que caer en la simpleza de que altos patrimonios y bajos impuestos necesariamente impliquen evasión tributaria (puede haber casos de millonarios jubilados que viven hoy de gastarse la fortuna), pero hay que convenir en que esos son supuestos de excepción. En la mayoría de los casos habrá perfume a dolo.

El proyecto, como decía al inicio, pretende cubrir con un manto de reserva a todas las “declaraciones, información, datos, informes y antecedentes tributarios” (art. 6), al punto que solo pasaría a poder ser usada, ya por el propio SRI...’.