SALAZAR DESENREDA MADEJA DE CORRUPCIÓN
CASO SOBORNOS Segundo día de la audiencia de preparatoria de juicio.
El panorama parece que se aclara. La Fiscalía va desenredando el entramado de corrupción que se habría registrado en el Gobierno del expresidente Rafael Correa con la exigencia a las empresas contratistas del Estado de hacer aportes a cambio de contratos.
En el segundo día de la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio por el caso Sobornos 2012-2016, la Fiscalía alcanzó a presentar 231 de los 587 elementos que servirán para apuntalar la acusación por el presunto delito de cohecho en contra de 24 personas.
De ellas, 22 con Correa a la cabeza, su círculo cercano de funcionarios y accionistas o representantes legales de empresas fueron señalados como supuestos autores del ilícito y dos fueron señalados como presuntos cómplices.
El cohecho es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 280.
Se castiga con hasta siete años de cárcel e incluye no solo a los servidores públicos sino a las personas que ofrezcan las coimas. Se juzga en ausencia y es imprescriptible.
El lunes la fiscal Salazar detalló las empresas, los aportes en efectivo y el cruce de facturas y los contratos recibidos (ver gráfico).
Ayer en cambio ya avanzó con la presentación de los elementos, que se convertirán en pruebas en caso de un juicio, detallando nombres de los funcionarios responsables de otorgar los contratos, las modalidades, los montos, los beneficiarios y los detalles.
La exposición de la fiscal mantuvo a los abogados concentrados y apuntando todos los detalles. Aunque hubo tres recesos fue una jornada larga y llena de cifras.
Ratificó que los empresarios fueron quienes pagaron los gastos en los que incurrieron funcionarios públicos en actos partidistas, estudios de mercado, sánduches, bordados, camisetas, uniformes, organización de eventos, sonido, contratos de alimentación, encuestas.
La fiscal insistió en referirse a una ‘estructura criminal’ al hablar de Correa, sus cercanos y los empresarios que habrían formado parte de la red. Se trató de una organización con roles identificados, con líderes, con nivel de mando en el grupo. Las disposiciones debían ser cumplidas por quienes fueron designados coordinadores.
Salazar dijo que con los elementos de convicción recabados se va construyendo la existencia de estructura criminal conformada por funcionarios públicos y empresarios que tenía como objeto la entrega de dinero a cambio de ser beneficiados por contratos.
Generalmente se conoce que el soborno no da factura pero en este caso, inicialmente bautizado
como Arroz Verde, “se ha podido evidenciar que los sobornos se han entregado a través de la emisión de facturas”, señaló la fiscal.
Explicó que para pagar fiestas, cumpleaños, vallas publicitarias, fotos, análisis, encuestas o pautar en medios digitales cuyos beneficiarios eran funcionarios públicos, los pagos por esos servicios salían de los recursos de los empresarios.
Insistió en que los ciudadanos sepan que “cohecho con factura, eso es lo que hemos encontrado”.
La definición de cohecho, dejando de lado la asociación ilícita y el tráfico de influencias, apunta a impedir que los casos queden en la impunidad y que si los sospechosos están prófugos puedan ser juzgados en ausencia y la causa no prescriba.
El Ministerio de Obras Públicas, dirigido en su momento por
María de los Ángeles Duarte y Wálter Solís, y Senagua, las empresas relacionadas con los sectores estratégicos, Petroecuador, Celec y otras, habrían sido los ejes de las supuestas anomalías.
Los contratos leídos por la fiscal se refieren a rehabilitaciones, ampliaciones, repavimentaciones, mantenimiento de carreteras en provincias como Esmeraldas, Chimborazo, Azuay, Tungurahua, Loja, Cañar, El Oro, Manabí, Guayas, entre otras. Se habrían efectuado, en algunos casos, con carta de invitación y con contratos complementarios que superaban los principales, según lo revelado por la fiscal.
La audiencia que seguirá el viernes no tiene fecha de finalización. Luego de la intervención de la fiscal, le corresponde presentar la acusación al procurador general Íñigo Salvador.
EL DETALLE
Diligencia. La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló tras 24 días de suspensión por varios incidentes.