Las disculpas públicas no borran la sanción
La medida de satisfacción debe ser ordenada por un juez como parte de una sentencia ❚ La CTE advierte que seguirá proceso
El arrepentimiento y las disculpas públicas que ofrece el notario 77 de Guayaquil, Elvis Rivas Arias, por las agresiones físicas y verbales que incurrió en contra de un grupo de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), no son suficientes para detener la investigación previa que se abrió por el presunto delito de ataque y resistencia.
Si bien, el funcionario público reconoce que las expresiones que profirió en contra de los uniformados, a quienes tildó de “muertos de hambre” y amenazó con hacerles dar la baja, no debió haberlas dicho, asegura que está con “todo el ánimo para conciliar y dar disculpas”, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como un mecanismo de reparación integral.
Se trata de una de las cinco formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, que contempla la ley, como “medidas de satisfacción o simbólicas”, que “se refieren a la declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica”.
Las disculpas públicas pueden ser de forma voluntaria, ante acciones legales como lo ha expresado el notario, pero dentro de una sentencia van destinadas a la reparación material e inmaterial, explica la abogada Zaida Robira, coordinadora zonal 5 de la Defensoría del Pueblo. “Es diferente que la persona diga: ‘me equivoqué, cometí un error, y pido disculpas’. Eso no quiere decir que esté liberado de las acciones penales, civiles que pueda seguir la persona agraviada... (quien) tiene todo el derecho de tomar las medidas que sean pertinentes para el caso”, puntualiza la funcionaria.
Y así lo considera también el abogado Eduardo Ayala, director ejecutivo de la CTE, quien aseguró que con las disculpas expresadas por el fedatario no se detendrá la investigación por los delitos que, a su juicio, se cometieron en contra de los uniformados: ataque y resistencia e intimidación. De allí que confía en que avancen las indagaciones y que el fiscal César Peña, quien lleva el caso, acoja el pedido y se formulen cargos en contra de Rivas.
Las disculpas se las puede dictar en cualquier afectación por vulneración de derechos y, en muchas ocasiones, ha tocado incluso a las instituciones públicas.
En lo que va del año, el Consejo de la Judicatura (CJ) ha extendido 12 disculpas públicas a un número similar de abogados dentro de acciones de protección. La medida es “con la finalidad de resarcir sus derechos constitucionales al debido proceso y debida diligencia, mismos que habrían sido vulnerados por el Pleno del Consejo de la Judicatura de esa época en la tramitación del expediente disciplinario”, según reza en las exculpaciones colgadas en la página web de la institución.
El doctor Pedro Crespo, director general de la Judicatura, explica que “hubo un exceso de errores judiciales que ahora están derivando en que la Corte Constitucional disponga estas disculpas públicas”, a jueces, fiscales o defensores públicos.
El funcionario señala que están cumpliendo la disposición, desde el 21 de febrero, por errores de administraciones anteriores que persiguieron a servidores judiciales con el famoso error inexcusable. Para evitar caer en lo mismo y se incurra en futuras disculpas, Crespo menciona que están emprendiendo procesos de inducción, capacitando y persuadiendo a los funcionarios y servidores judiciales en el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales, a efectos de observar más el debido proceso, la presunción de inocencia y la motivación adecuada, para evitar esos errores.
La defensora considera sumamente importante solicitar este tipo de medidas a las instituciones demandadas. “Es una sanción moral que va a determinar la no repetición de esa vulneración”.
Explica que, generalmente las disculpas se deben dar en la localidad donde ocurrió el agravio, pero, para un peso moral la Defensoría pide que se lo publique en un diario de mayor circulación en el país, para que así la ciudadanía conozca que el Estado, a través de esa institución púbica, vulneró un derecho. Además, pide que se cuelgue en las páginas web de la institución durante un año.
“Aunque parezca mentira, eso es lo que más duele y lo más reacio a cumplir. Las instituciones públicas están dispuestas hasta la reparación material, pero cuando hablamos de disculpas saben que hay un reconocimiento de la vulneración del derecho”, comenta la funcionaria.
Resalta como ejemplo las 56 acciones que han presentado hasta el 6 de noviembre, con respecto a la disparidad de género. En las 27 que han ganado, los jueces han dispuesto las disculpas públicas.
12 DISCULPAS
ha publicado la Judicatura en su portal web, desde febrero de este año.