Funcionarios dicen que recibían amenazas para que salgan en apoyo de Evo Morales

Las denuncias fueron difundidas ayer por los trabajadores estatales

Funcionarios de varias instituciones estatales denuncian que eran presionados para participar en actos de apoyo a Evo Morales bajo amenazas, algo que era advertido en el país desde hace tiempo aunque hasta ahora no se hizo público.

A lo largo del día fueron difundiéndose cartas de trabajadores del Ministerio de Defensa, el Banco Unión, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento.

Una persona que trabajó hasta la anterior semana en el Ministerio de Defensa, que pidió el anonimato, aseguró que por órdenes superiores se formaron “grupos de choque” con el fin de “causar disturbios” incluso como infiltrados en el bando contrario en recientes movilizaciones en el país.

“No había opción a decir que no”, pues los encargados incluso instruían a los funcionarios “cómo tenían que ir a molestar a las otras personas” y exacerbar

los ánimos, aseguró.

Esta fuente explicó además que arguyendo órdenes del exministro Javier Zavaleta se hacían cobros voluntarios al personal que luego terminaron por ser obligatorios, para sustentar las movilizaciones a favor de Evo Morales de los que

nunca se dieron cuenta.

Incluso hubo una instrucción suya para improvisar partidas para la compra de equipos antidisturbios para empleados, según esta fuente.

Estas aseveraciones fueron confirmadas también por otra persona, que todavía se mantiene en funciones en esa repartición y que dio fe de la autenticidad de un comunicado que denuncia cómo se amedrentaba a empleados.

“Hemos sido maltratados, humillados y obligados a asistir a marchas del anterior régimen masista”, en alusión al MAS de Morales, denuncia otro comunicado de funcionarios de Epsas. Relata “constantes amedrentamientos y hostigaciones” bajo amenaza de despido, para afiliarse al MAS y aportar económicamente al partido.

Los trabajadores detallan que pusieron su vida en riesgo al verse involuntariamente involucrados en recientes actos violentos en La Paz y la ciudad vecina de El Alto, por lo que pidieron la renuncia o destitución de altos directivos de la empresa estatal.