Los protagonistas camuflan la violencia del paro en las medidas
La comisión parlamentaria que investiga el paro nacional puso en escena todas las versiones. El resultado es desalentador: muestra que el diálogo es, simplemente, imposible.
Las comparecencias ante la comisión de la Asamblea que investiga el paro y sus resultados demuestran que el diálogo es imposible y que la dirigencia indígena y los correístas derivan la asonada al FMI y a las medidas económicas.
Un país en el que resulta imposible ponerse de acuerdo sobre los elementales hechos. Un país en el que resulta imposible ponerse de acuerdo incluso sobre el significado de las palabras: han perdido su valor. Un país donde nadie parece dispuesto a asumir las responsabilidades de sus actos. Un país que acaba de vivir un estallido de violencia sin precedentes desde que retornó a la democracia, pero donde el debate público sobre la violencia es impracticable, un imposible... Esta semana concluyó la etapa de comparecencias ante la comisión parlamentaria que investiga el paro nacional y los resultados son desalentadores: queda el retrato de un Ecuador dividido en bandos irreconciliables.
El presidente de la comisión, Fernando Burbano, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), ha hecho un buen trabajo: sentó a todos los actores y a todos permitió, respetuosamente, decir lo suyo; medió en los eventuales conflictos que, por momentos, desdibujaron el diálogo; pidió precisiones e hizo (no fue el único) preguntas pertinentes; en una Asamblea conocida por mantener jornadas laborales de martes a jueves, puso a la comisión a trabajar a fondo, consecuente con la urgencia del tema. No pudo (y esto era inevitable) evitar que su comisión cojeara del mismo pie que todas las “comisiones investigadoras” que se conforman en la Asamblea: la falta de tiempo y herramientas para llegar a conclusiones que solo están al alcance de los procesos judiciales. Hoy queda por redactar un informe, para consideración del Pleno, sobre lo ocurrido entre el 3 y el 13 de octubre: es un gran desafío.
“Esta comisión no es investigadora ni nada”, comentó Carlos Sucuzhañay, presidente de la Ecuarunari, al oído de Marlon Vargas, presidente de la Confeniae, el día en que la cúpula del movimiento indígena compareció ante la comisión. “Nooo -confirmó Vargas-, esto es político”. Los máximos dirigentes de las organizaciones de la Sierra y de la Amazonía acababan de descubrir el agua tibia: todo lo que ocurre en la Asamblea Nacional es político.
Expresión política: el correísmo y Pachakutik, de la mano, trataron de desvirtuar desde el primer día el objetivo de la investigación. Malentendieron las cosas: fueron los hechos que hicieron tambalear la democracia en la primera quincena de octubre los que condujeron a la creación de esta comisión. La violencia, ¿fue planificada o no? La movilización, ¿pretendió echar abajo al Gobierno o no? Los comisionados Doris Soliz y Jaime Olivo, en cambio, junto a los asambleístas de la Revolución Ciudadana que, un día sí y otro no, acudieron a las sesiones, pretendieron derivar el debate hacia otro tema: el mal gobierno. No la asonada, sino las medidas económicas; no las pérdidas que el paro dejó al país, sino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; no la violencia sin precedentes de las manifestaciones, sino la violencia de la desigualdad… El discurso subyacente (a pesar de las declaraciones líricas prestas para condenar la violencia “venga de donde venga”) plantea que una cosa justifica la otra. En una comisión cuyo mandato consiste en investigar hechos concretos, el correísmo y Pachakutik, al unísono con los representantes de la Conaie y todos sus partidarios, propusieron hacer sociología.
Sobre la mesa, sin embargo, quedó un puñado de hechos incontrastables. En primer lugar, hubo violencia planificada en la revuelta: los saboteadores de la infraestructura petrolera, que causaron pérdidas por más de 100 millones al país, sabían dónde y cómo golpear; los incendiarios de la Contraloría sabían dónde prender fuego para destruir documentación sobre casos de corrupción que involucran, entre otros, a funcionarios del gobierno correísta; los asaltantes de cuarteles militares estaban coordinados; los perpetradores del caos y la violencia callejera disponían de armas de fabricación casera y de entrenamiento militar para lograr su cometido; en suma: hubo premeditación, preparación, financiamiento. En segundo lugar: hubo violación de derechos y abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional: con harta recurrencia los uniformados usaron sus armas no letales con efectos potencialmente letales, lo cual arrojó un saldo de once personas (no ochenta, como dice la Conaie) que perdieron un ojo y, probablemente, un muerto tras recibir el disparo de una bomba lacrimógena a quemarropa; decenas de detenidos fueron incomunicados, hacinados en lugares no reglamentarios y privados de todo derecho; el 77 por ciento de ellos fueron liberados sin cargos.
A esto hay que sumar los testimonios que dan cuenta de los excesos de la muchedumbre: los policías y militares secuestrados (más de 400 de ellos) y que fueron objeto de maltratos, golpizas, vejaciones sexuales y tortura psicológica; el asedio (que duró días) a las empresas florícolas y lecheras de Cotopaxi, algunos de cuyos propietarios fueron obligados (¿no es esto otra forma de secuestro?) a participar en las protestas; la destrucción de emprendimientos, los saqueos… Todo eso fue relatado por las víctimas, con lujo de detalles, ante la comisión parlamentaria.
La comparecencia de los dirigentes indígenas fue frustrante: no aportaron un ápice de información a la investigación. Las denuncias de Leonidas Iza sobre el manifestante que, según él, murió tras un disparo en la cabeza (y llevó, por toda prueba, una radiografía de su cráneo que nada dice a quien no sea especialista) se contradice con la autopsia que aportó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, practicada por médicos independientes en presencia del defensor del Pueblo, según la cual la causa de la muerte es una caída desde una altura de dos metros. Las cifras del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, sobre muertos, heridos y detenidos, no corresponden a las que la misma Defensoría del Pueblo presentó en un informe que los movimientos sociales dicen respaldar.
Por lo demás, lo de Vargas fue una tomadura de pelo. Llevó a broma los episodios más violentos e inquietantes del pa
Los policías están mintiendo al país (...). Nunca hubo secuestros. Los policías (retenidos en el teatro Ágora de la Casa de la Cultura) pasaron más tranquilos, más sanos que en sus propias casas.
JAIME VARGAS
Presidente de la Conaie
ro nacional y fue celebrado con las risas y los comentarios jocosos de los legisladores correístas que asistieron a su comparecencia. De los policías secuestrados, en presencia suya, en el teatro Ágora de la Casa de la Cultura (ver recuadro), dijo que estaban más contentos que en su casa (“comieron cuy y papas”, festejó la correísta Nancy Guamba). De las pérdidas económicas que sufrió el país por la paralización de los pozos petroleros (paralización que, el 10 de octubre, él proclamó haber ordenado personalmente), dijo que ahí estuvo el petróleo, “guardadito once días”. En cuanto al decreto firmado con su puño y letra en el que se prescribe pena de retención a los policías y militares que se acerquen a los territorios indígenas, simplemente se lavó las manos; como dando a entender que su palabra (y su firma) no son para tomarse en serio.
Otra comparecencia grupal inoficiosa fue la de los correístas presos y refugiados que participaron activamente en el levantamiento y hoy niegan toda responsabilidad. Respaldados por la masiva presencia de legisladores correístas, Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri, Paola Pabón y Virgilio Hernández utilizaron el espacio que les ofreció la comisión como una tarima para victimizarse por lo que califican como “persecución política” por parte del Gobierno. Y no aportaron mayor información a las investigaciones.
Quedan los testimonios de las víctimas; las contribuciones de organismos de la sociedad civil (algunos de ellos demasiado comprometidos con una causa como para no ser tomadas con pinzas), las estadísticas y revelaciones de los funcionarios de Gobierno... Las precisiones demandadas por los comisionados César Rohón, Rosa Orellana, Carlos Vera, Héctor Yépez y el mismo
Fernando Burbano, que no se dejaron engatusar por la sociología del paro, no siempre obtuvieron respuesta satisfactoria. Información, falta mucha. Pero la radiografía política del paro nacional quedó perfectamente bien trazada. Y no es muy halagadora.
1.192 DETENIDOS
contó la Defensoría del Pueblo entre el 3 y el 13 de octubre. El 77 por ciento de ellos fue liberado sin formulación de cargos.
11 PERSONAS
perdieron un ojo como consecuencia del disparo a quemarropa de gas lacrimógeno. Una práctica policial recurrente.
110 MILLONES
perdió el país por la paralización de infraestructura petrolera. Hay que sumar 45 millones de dólares por daños.