La defensa pública en déficit
Defensores no se dan abasto con la carga procesal del país ❚ Un gran porcentaje ha renunciado por otros cargos ❚ Cada defensor lleva en promedio 468 casos
Entre la espada y la pared. Así parecía quedar el abogado José Cifuentes cada vez que la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas requería su presencia, para que represente a varios procesados como defensor del Estado.
Se hizo indispensable en las audiencias que se desarrollaron el 26 de noviembre y 9 de diciembre, por los recursos de apelación que se presentaron dentro de los procesos que sigue la Fiscalía en contra del exministro Iván Espinel Molina. En ambas diligencias, el defensor público pidió que se difiera la audiencia porque no había sido notificado con tiempo y, por ende, no estaba preparado para esos casos. Además, tenía que acudir a otra audiencia. Pero no había otro compañero que lo auxilie o reemplace en ese momento.
En muchas ocasiones, el defensor se ve en la necesidad de pedir que se suspenda la audiencia para revisar bien el proceso... ÁNGEL TORRES, defensor público general
Ángel Torres Machuca, defensor público general, revela que existe un déficit de aproximadamente 200 defensores en el país, para alcanzar la meta de 5 por cada 100 mil habitantes, que es lo que se aplica a nivel interamericano. “Hay muchos defensores que en los últimos días han presentado su renuncia, porque han pasado a ser jueces”, lo que ahonda la falta de abogados del Estado.
La Defensoría Pública del Ecuador cuenta con 733 abogados en 200 puntos de atención, tanto en cantones como en unidades
judiciales de las 24 provincias. De esa cifra, 264 corresponden a la Regional del Litoral, que abarca las provincias de Manabí,
Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Galápagos, Bolívar y Guayas. En esta última atienden 180, de los cuales 133 están en Guayaquil. Uno de ellos es el abogado Cifuentes, quien está asignado a las audiencias convocadas por las Salas Especializadas de la Corte de Guayaquil.
Cada defensor tiene a su cargo un promedio de 468 casos en el año. Según Torres, la Defensoría Pública atendió a nivel nacional 342.780 solicitudes ciudadanas (entre patrocinios, asesorías y mediación) en el periodo de septiembre de 2018 a noviembre de 2019. De esas, 118.744 fueron en Guayaquil.
Aunque el defensor en la Corte les advirtió a los magistrados que no estaba empapado de los casos, le dispusieron que se quede por los principios de celeridad, contradicción y de acceso a la justicia. “La misión nuestra es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que,
por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”, explica Torres, como así lo establece el artículo 191 de la Constitución. En uno de los casos, se notificó con tiempo a la Defensoría.
Se trata de una situación que no es nueva y que, según el defensor general, los ha llevado a reuniones con el Consejo de la Judicatura para comunicar lo que está ocurriendo. “Hemos venido haciendo nuestro reclamo... (porque) en muchas ocasiones los jueces convocan con cinco minutos de anticipación y, obviamente, en cinco minutos (el defensor) no va a poder revisar el proceso”.
Considera que para hacer una correcta defensa, se requiere de un tiempo prudencial, es decir que se tiene que dar el tiempo necesario para que el abogado revise el proceso judicial y presente una defensa técnica óptima.