La proforma presupuestaria se aplica sin ningún cambio
LEGISLATIVO. No alcanzaron los votos para aprobar las observaciones
Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Lenín Moreno le gana la partida a la Asamblea, que se quedó con las 15 recomendaciones que había hecho a la proforma presupuestaria. El pleno no logró aprobarlas al término del plazo y, por tanto, la propuesta entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. En el pleno, el debate fue intenso por los defectos de la proforma en lo referente a la venta de activos, pero al mismo tiempo disperso y al final solo hubo 65 votos que no alcanzaron para la pretendida aprobación.
No hubo votos para aprobar la proforma presupuestaria. Solo 65 apoyos cosechó la moción de Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico y ponente del tema, que proponía aprobar la propuesta presupuestaria con 15 recomendaciones. El resto fueron 27 rechazos de la bancada correísta y 27 abstenciones, principalmente, del bloque socialcristiano.
Mientras los oficialistas guardaron silencio durante casi todo el debate, los asambleístas de las demás bancadas se dedicaban a desarmar la propuesta del Ejecutivo para el presupuesto y reeditaban el debate anterior que concluyó con la devolución de la proforma. Tras ratificarse ayer en el rechazo, por falta de votos, el presupuesto deberá pasar el trámite por el ministerio de la ley y ya es la segunda vez que ocurre esto en el Gobierno de Lenín Moreno.
Fue un debate disperso en el que se volvieron a señalar todos los defectos de la proforma, insistiendo en la supuesta monetización de activos del Estado, con la cual el Gobierno pretende contar con 2.000 millones de dólares como ingreso permanente para este año y otros 2.000 millones de dólares para el próximo.
Ni siquiera con la recomendación de Esteban Albornoz de que el Gobierno reclasifique ese rubro para que no sea considerado ingreso permanente, el texto pasó la votación.
“Solo dos empresas públicas tienen estados financieros auditados y eso hace imposible cualquier proceso de concesión de activos públicos”, señaló Homero Castanier, de CREO, integrante de la comisión que abordó el presupuesto. “¿Y si no llegan los 2.000 millones?, preguntamos al Ejecutivo. Y nos respondieron: ‘vamos a endeudarnos más’”. Con esa frase Castanier reflejó las dudas que genera la eventual concesión de activos del Estado. Cifró en 9.000 millones de dólares las necesidades de financiamiento del país si no se logra esa meta.
El único oficialista que tomó la palabra fue Rubén Bustamante, que se preguntó cuánto está la Asamblea a favor de lograr un crecimiento sostenible del Estado. “Algo que me molesta es que veo un escenario de negativismo”, dijo. La votación final corroboró su impresión.
Sin los votos suficientes, las 15 recomendaciones propuestas por el ponente Albornoz quedaron también desechadas. Entre ellas, estaba que el gobierno enfrente un proceso de priorización y racionalización de los gastos, que incluye una vigilancia sobre la efectividad del proceso de compras públicas. Además de una petición a que se hagan revisiones más precisas sobre la ejecución del presupuesto o que el Gobierno instrumente un plan de contingencia para el caso de que no se llegue a concretar la venta o concesión de activos del Estado y para enfrentar la volatilidad del precio del petróleo.
Otra de las recomendaciones requería al Gobierno que se adopten estrategias para reducir la evasión, la elusión y el contrabando y, para un mayor control del Legislativo, que se envíen informes trimestrales sobre el pago de haberes pendientes a los jubilados, sobre la ejecución del presupuesto y sobre la marcha del plan anual de inversiones.
Precisamente, uno de los puntos más destacados fue la diferencia entre la proforma y la ejecución presupuestaria. Se criticó que este año solo se haya
ejecutado el 33 % de lo aprobado para 2019. “Es una barbaridad”, reprochó el socialcristiano César Rohon. Y le secundaron Castanier y Cristóbal Lloret, de la bancada correísta.
El mismo Lloret fue tajante al reprobar la proforma devuelta a la Asamblea por el Ejecutivo tras revisar las 17 observaciones iniciales del Legislativo. “Me niego a aprobar este presupuesto por el sometimiento de la soberanía del país al FMI”. Aseguró que la propuesta presupuestaria da la espalda a los universitarios, a los pobres, y la reducción prevista en gastos de personal en el sector público significará el despido de 25.000 funcionarios. “Esta es la perversa receta del FMI”.
Fueron recurrentes las quejas en torno a la reducción de recursos en rubros como las universidades, la salud, las políticas de prevención y rehabilitación de adicciones y la lucha contra la violencia machista.