Un programa para prevenir el soborno
La primera estrategia nace de la empresa privada.
El combate contra el soborno no solo debe ser motivado por un tema moral, sino por la necesidad de resolver un problema que socava la reputación y deja consecuencias económicas a los mercados y al país en general. Eso fue lo que concluyeron dirigentes gremiales y representantes del sector que presenciaron ayer, en Guayaquil, el lanzamiento del primer ‘Programa para Prevenir el Soborno en la Cadena de Valor Empresarial’.
La iniciativa, impulsada por la Red Empresarial de Transparencia y la multinacional Nestlé, nace como un plan piloto que a nivel global se enmarca bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de Naciones Unidos) y que busca evitar que esta práctica se arraigue en varios ámbitos de la sociedad. Y en Ecuador, el sector empresarial es uno de los que más preocupa. Una encuesta realizada el año pasado por Ipso, a 1.200 personas, reveló que al menos un 83 % de ecuatorianos percibe que en el país existe un alto nivel de corrupción y que el 41 % considera que la mayoría de empresas están involucradas con este tema.
El pago de sobornos o la entrega de dádivas para conseguir contratos o servicios, tanto en el sector público como en el privado, es un fenómeno que poco o nada se puede cuantificar, debido a que usualmente se realiza bajo el secretismo. No obstante, un estudio del Instituto Latinoamericano de Administración
de Empresas (Incae) sostiene que el impacto de la corrupción en Latinoamérica estaría alcanzando el 5 % del PIB de la región entera.
Paúl Palacio, director de la firma Palacio Martínez, y quien fue uno de los invitados a debatir sobre el tema, explica lo mal que el soborno le hace al mercado. Su efecto, dice, está en la incertidumbre y la poca previsibilidad que se genera en torno a los costos de los servicios y bienes
que se trazan. Un soborno de por medio llega a encarecer todo tipo de costo.
Un costo, según explicó Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), que termina afectando a toda la cadena, hasta llegar al consumidor. Que impacta en la imagen empresarial, que merma la competitividad y que, incluso, puede acarrear riesgos legales y multas económicas.
Eduardo Carmigniani, experto jurídico que también fue parte del panel de análisis, hizo un llamado a los empresarios a tener una actitud de antipatía para rechazar este tipo de prácticas. Esto es, a tener posturas más duras relacionadas a no contratar a la gente que comete cohecho, a separarlos de gremios institucionales, a retirarle incluso los títulos profesionales que ostentan cuando su falta ha sido comprobada.
EL DETALLE
Estudio. No es la primera vez que se habla del tema, un estudio del PRME (Principales for a Responsible Management Education), publicado por EXPRESO en agosto, reflejó cómo el 96 % de 400 empresarios admitía este tipo de práctica.