Hay una relación entre Correa y las capturas de cloruro de calcio
Uno de los precursores químicos para la elaboración de la cocaína se ha convertido en el negocio del momento
Ahora fueron 13,5 toneladas de cloruro de calcio. “¡Dos camiones!”, tuiteó la ministra María Paula Romo sin ahorrarse los signos de admiración, sorprendida porque las capturas son cada vez más grandes, cada vez más frecuentes. La Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas de la Policía las encontró en Tulcán, listas para ser trasladadas a Colombia. El operativo se llamó ‘Victoria 73’, ocurrió el pasado 31 de enero y es sólo uno más de una lista larga: de un tiempo a esta parte, los agentes antinarcóticos encuentran cloruro de calcio como arroz. Esta sustancia, con numerosos usos legítimos que van desde la agricultura hasta la fabricación de quesos, sirve también para secar pasta básica de cocaína y se emplea como materia prima para la obtención artesanal de ácido clorhídrico. Se trata, por tanto, de una sustancia sujeta a control y fiscalización por parte del Estado, control y fiscalización que las autoridades a cargo califican como “estricto”. Habría que añadir: tan estricto como lo permite la ley. Y la ley (otra herencia indeseable del correísmo) adolece de un vacío. Más que un vacío: un boquete tan grande como el que hundió al Titanic. Esta vez con la participación personal y directa de Rafael Correa.
“Hemos incrementado las capturas en un 600 por ciento”, dijo la ministra Romo a Diario Expreso el pasado viernes. Y sí: a los ¡dos camiones! encontrados en Tulcán, se suman las cinco toneladas confiscadas ni hace dos meses, el 15 de diciembre, en un furgón metálico que circulaba por la carretera entre Quito y Guayllabamba. Poco antes de eso, el 31 de octubre, la misma unidad policial capturó otras 3,7 toneladas en Santo Domingo. Poco antes de eso, el 18 de octubre, 200 sacos en la frontera norte. Poco antes de eso, el 16 de septiembre, 8 toneladas embodegadas en una casa en Tulcán. Poco antes de eso, el 29 de agosto, 2,5 toneladas en Yahuarcocha, provincia de Imbabura. Poco antes de eso, el 18 de julio, 12 toneladas en la vía Guayaquil-babahoyo. Poco antes de eso, el 8 de mayo, 1.250 kilos en Huaquillas. Poco antes de eso, el 17 de abril, una tonelada en Tulcán. Poco antes de eso, el 26 de marzo, otra más en la misma ciudad. Poco antes de eso, el 5 de febrero, tres toneladas en Guayaquil. Poco antes de eso, el 23 de noviembre de 2018, 4,7 toneladas en Ibarra.
Poco antes de eso… 23 capturas en los últimos 22 meses con sólo preguntárselo al dios Google. A lo mejor son más.
Con respecto al último operativo, el director Antinarcóticos de la Policía, Marco Villegas, explicó que la sustancia viene del Perú por la frontera sur. “Porque en Ecuador -dijo- al ser controlada, es difícil comprarla”. Una explicación poco satisfactoria: si resulta tan difícil comprar cloruro de calcio en el país por ser una sustancia controlada, debería resultar igual de difícil (si no más), introducirla por la frontera. Además, las palabras “al ser controlada es difícil comprarla” dejan intacto un problema de fondo, a saber: no para todo el mundo es difícil comprar sustancias controladas en el Ecuador. Para algunos es bastante fácil, y esto es así desde abril de 2016 gracias a una resolución de la Presidencia de la República.
5 de septiembre de 2015: en la kermés sabatina de televisión desde la cual gobierna, Rafael Correa informa sobre su último capricho: echar abajo el Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), el organismo encargado, entre otras cosas, de vigilar el uso, comercialización, transporte y almacenamiento de sustancias usadas como precursores por la industria del narco. Era una entidad independiente del Ejecutivo que rendía cuentas exclusivamente a la Procuraduría General del Estado y funcionaba como un reloj suizo. Correa decidió sustituirla por una secretaría adjunta a la Presidencia de la República: la Secretaría Técnica de Drogas (Seted). Así que, en aplicación del estricto respeto por la independencia de las funciones del Estado que siempre lo distinguió, aparece en la sabatina y da la orden a su Asamblea: “Aprueben rápido la reforma y que el Consep pase a la Presidencia y en dos semanas resolvemos esto”. Tardaron un poco más en obedecer: en diciembre la cosa estaba hecha. Se hizo el traspaso administrativo, se elaboró un nuevo reglamento y Rafael Correa se convirtió en el jefe directo de los funcionarios que controlaban el uso de precursores químicos.
El 25 de abril de 2016 vino la sorpresa. El titular de la Seted, Rodrigo Suárez, emite una resolución de cinco artículos mediante la cual modifica el ámbito de su competencia. ¿Lo amplía? No, lo restringe. “Resuelve: Artículo 2.- Exonerar del régimen de regulación y control a las entidades del sector público, quienes no requieren de calificación ni autorización ocasional de la Secretaría Técnica de Drogas”. A partir de ese momento pueden libremente comprar, transportar y comerciar precursores químicos (cloruro de calcio, por ejemplo) todos los gobiernos seccionales, hospitales y farmacéuticas del Estado, industrias metalmecánicas, eléctricas y empresas públicas en general. Entre ellas, la más grande de todas, Petroecuador: el máximo comprador de sustancias sujetas a control de todo el país, incluido cloruro de calcio, que se utiliza para desecar los pozos de petróleo y evitar la expansión de arcillas. Petroecuador, la empresa con más casos de corrupción comprobados o en proceso de investigación del decenio correísta.
Hoy la Seted, por decisión de Lenín Moreno, ya no existe más. Fue sustituida por la Subsecretaría Técnica de Control y Administración de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización (los nombres de las nuevas entidades públicas son ridículamente kilométricos e imposibles de recordar), perteneciente al Ministerio de Gobierno. Pero las leyes de la antigua Seted, incluida la resolución que exonera del control a las empresas y organismos públicos, siguen vigentes. “Esto está por cambiar”, informó a este Diario Andrés de la Vega, el subsecretario de… eso. A él le preocupa, precisamente, el caso de Petroecuador. Un nuevo reglamento que deroga todo lo anterior está listo desde noviembre y en espera de publicarse en el Registro Oficial para entrar en vigencia. Luego, admite, habrá una transición que calcula durará seis meses.
“Es una situación compleja -dice-, no podemos de un día para el otro imponer el control en los organismos públicos, nos lo van a objetar”. Se necesita “socializar”, dice él, y también cumplir ciertos requisitos que el propio sistema de control de precursores químicos demanda: preparación de personal que pueda asumir responsabilidades ante el organismo controlador, por ejemplo. Mientras tanto, tocará seguir lidiando con una de las herencias más perniciosas (y francamente sospechosas) del correísmo. El Ecuador tiene cloruro de calcio para rato.
PRIVILEGIOS
No para todo el mundo es difícil comprar sustancias controladas en el Ecuador. Para algunos es muy fácil, gracias a una resolución de la Presidencia de abril de 2016.
PRECURSORES
Rafael Correa quiso que el organismo que controla el uso de precursores químicos en el Ecuador pasara a depender directamente de la Presidencia. Y que no controlara.