Expropiación sin pago
Un grupo de agricultores desalojados en 2014 de los terrenos del ahora plan habitacional Mi Lote 2 no recibe aún indemnización. Hay un juicio que se alarga
El rostro agrietado y la piel tostada no son lo único que tienen en común Francisco Morán, Teófilo Cercado y Armando González, como consecuencia de su labor. Hace seis años pasan por engorrosos trámites judiciales, tras ser expropiados de las tierras que cultivaban, donde hoy se levanta uno de los planes habitacionales de la Municipalidad de Guayaquil.
Sus edades fluctúan entre los 77, 70 y 59 años. Están enfermos, pero más que eso, están cansados de esperar una respuesta efectiva de la justicia, para que les cancelen el valor del predio que les quitaron. “Nos sacaron del lugar donde trabajábamos y era la fuente de donde podíamos tener algo... nos han dejado con los brazos cruzados, porque no podemos hacer nada, sin plata...”, expresa apesadumbrado Francisco, el más longevo. Su familia, al igual que las familias de 53 socios de la Asociación de Trabajadores Agrícolas 12 de Octubre, quienes estaban asentados desde 1991 en lo que se conocía como hacienda La Aguada, en la parte noroeste de la parroquia Pascuales, debieron salir del lugar obligados.
Mediante resolución del 21 de noviembre de 2011, el entonces alcalde Jaime Nebot resolvió declarar el sector de utilidad pública, con fines de expropiación, a favor de la Municipalidad de Guayaquil para el proyecto urbanístico lotes con servicios básicos mínimos Mi Lote 2B.
Teófilo Cercado está consciente que ya no puede recuperar sus predios; pero al menos espera que les reconozcan el pago de las tierras “que por tantos años las trabajamos”. Una espera que viene alargándose desde febrero de 2014, fecha en que se inició la demanda de expropiación por parte del Municipio, ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, donde se ha alargado el trámite.
“Los terrenos fueron afectados antes de la reforma de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública... y se encuentran en procesos judiciales, teniendo el juez que disponer el pago correspondiente una vez que la demanda fue presentada”, explica el abogado Jaime Tejada, procurador síndico (e) del Municipio de Guayaquil.
Aunque, inicialmente, el Cabildo reconoció a los agricultores como legítimos propietarios y, por ende, los citó para la expropiación, el juicio no ha culminado con la ejecución del pago a ellos, ante la presencia de la Compañía Parque Industrial Ecuatoriano S.A., que ha señalado que esos predios le pertenecen y que son parte del sector
Huaquillas-junquillal.
Un conflicto legal que Adeodato Valencia, abogado de los demandados, lo aclara con la sentencia del 9 de abril de 1991, que emitió el desaparecido Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac), mediante la cual declaró que el terreno de La Aguada, que comprende más de 373 hectáreas, no era parte de la mencionada empresa. “Los terrenos que pretendía la compañía antes mencionada estaban en otro sector, es por eso que sus coordenadas no coincidían con el plan elaborado por el departamento técnico topográfico del Ierac”, asegura Valencia.
Una instancia superior ordenó la inscripción de la sentencia en el Registro General de Tierras y en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil. El jurista muestra además un mapa de Pascuales, elaborado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y
donde consta La Aguada limitada por el sector Las Lonas y el Chorrillo. No aparece Huaquillas-junquillal. Así también consta en un plano planimétrico del Municipio, elaborado en 2003. EXPRESO contactó vía telefónica con Parque Industrial para solicitar su postura, pero no se logró concretar el pedido con las distintas personas que atendieron las tres llamadas.
Lo que les extraña a los agricultores es que, en algunos casos, jueces del área Civil han dispuesto el pago a otros socios y vecinos. Como en efecto ocurrió el 27 de julio de 2011, por disposición de la jueza 31
de Guayaquil, Shirley Ronquillo, a favor de Adolfo Alberto Asencio Yagual. La sentencia fue ratificada por voto de mayoría de la Sala Civil.
“Nosotros somos del campo y lo que buscamos es tener donde trabajar... desgraciadamente la justicia no cumple y se burla del pobre”, considera Armando González. A su lado, Francisco esperaba recibir un total de 429 mil dólares, por las 7 hectáreas que le quitaron, a razón de 6,5 dólares el metro cuadrado. En esa espera ya han visto morir a otros socios: Leticia San Lucas, Rafael Ruiz, Segundo León, Segundo Chiriguaya.
EL DETALLE
Administrativo. Fue el mismo Municipio que, en una segunda resolución, reconoció a Parque Industrial como propietaria de predios de La Aguada.