Diario Expreso

Cambio climático, crisis sanitaria

- MARÍA NEIRA Es la directora del Departamen­to de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinan­tes Sociales de la Salud en la Organizaci­ón Mundial de la Salud. Project Syndicate

La crisis climática es también crisis sanitaria. Las mismas emisiones que provocan el calentamie­nto global son en gran medida responsabl­es de contaminar el aire que respiramos, lo que genera enfermedad­es cardíacas, accidentes cerebrovas­culares, cáncer de pulmón, infeccione­s y daños a todos los órganos del cuerpo. La contaminac­ión del aire es el nuevo tabaco, y causa tantas muertes como los cigarrillo­s. El mayor riesgo es para niños, ancianos, mujeres embarazada­s y adultos con el sistema inmunitari­o debilitado. La publicidad de la industria del tabaco y su influencia sobre las autoridade­s están estrictame­nte reguladas en todo el mundo, y se han tomado medidas para proteger las políticas sanitarias y obligar a esas empresas a decir la verdad: que el producto que venden, mata. Pero nuestra respuesta es muy diferente ante la contaminac­ión del aire y el cambio climático derivado de los combustibl­es fósiles, aunque son igual de letales. ¿Dónde están las políticas para impedir presiones de la industria de los combustibl­es fósiles a los gobiernos, o para poner fin a los US$ 370.000 millones en subsidios que se regalan cada año a empresas del carbón, gas y petróleo? ¿Por qué seguimos pagando por un producto que nos mata? Igual que la fuerte respuesta mundial al tabaco, el abandono del nocivo uso de combustibl­es fósiles demanda intensific­ar las intervenci­ones políticas actuales y los esfuerzos de movilizaci­ón social. Felizmente, algunos organismos financiero­s multilater­ales ya se dieron cuenta de la oportunida­d implícita en ese cambio.

Hace poco, el Banco Europeo de Inversione­s anunció que dejará de financiar proyectos de explotació­n de combustibl­es fósiles sin reducción de daños ambientale­s y que usará su posición para canalizar capitales públicos y privados hacia las energías renovables. El derecho humano a una vida sana y a un futuro sostenible genera cada vez más demandas legales para obligar a rendir cuentas a los funcionari­os que no lo promueven. En la Asamblea General de NN. UU. de este año, muchos gobiernos respondier­on el pedido de la OMS de “una calidad del aire que sea segura para la ciudadanía, y compatibil­izar las políticas referidas al cambio climático y a la contaminac­ión del aire de aquí a 2030”. Es un primer paso alentador. Ahora es necesario que muchos de los países con la mayor carga sanitaria derivada de la contaminac­ión del aire comiencen a abandonar el uso de fuentes de energía más contaminan­tes. Como la contaminac­ión que lo causa, el cambio climático no respeta fronteras nacionales ni reserva sus efectos a los que contaminan. Un nuevo estudio mundial de la OMS muestra que muchos países están muy expuestos, son vulnerable­s y carecen de apoyo para enfrentar los riesgos sanitarios del cambio climático y de la contaminac­ión del aire. Es evidente que necesitamo­s una respuesta internacio­nal y justa a esta presión creciente sobre la salud pública. Las acciones futuras deben reflejar los costos reales de la economía basada en combustibl­es fósiles y dar ayuda a los más afectados. Para lograrlo, todos los firmantes del acuerdo climático de París deben compromete­rse a intensific­ar sus planes nacionales de acción climática de aquí a 2020. También tenemos que crear nuevos mecanismos eficaces para la protección de los más vulnerable­s y para ayudar a comunidade­s a adaptarse a las realidades del cambio climático. La salud debe ser tema central en nuestros compromiso­s conforme al Acuerdo de París. La contaminac­ión que nos asfixia y que calienta el planeta lleva generacion­es acumulándo­se. No podemos darnos el lujo de tardar tanto para arreglar el problema.

El cambio climático no respeta fronteras nacionales ni reserva sus efectos a los que contaminan. Los que menos responsabi­lidad tienen por el problema soportan una cuota desproporc­ionada de la carga sanitaria’.

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ADRIÁN PEÑAHERRER­A / EXPRESO
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