Correa es juzgado en ausencia por cohecho
El juez Iván León no dio paso a incidentes ❚ Algunos abogados, testigos y procesados siguieron el juicio desde Guayaquil
El expresidente Rafael Correa no pudo evitar ayer, pese a su ausencia y las iniciativas jurídicas de sus abogados, la instalación del juicio por posible corrupción en su contra y de 20 procesados más, en el caso Sobornos 2012-2016.
El primer día del juzgamiento de Correa, a 10 cercanos colaboradores y a 10 empresarios o accionistas de empresas, vino con la revelación del empresario Pedro Verduga, de Equitesa (ver página 2) y con la reiteración por parte de la Fiscalía y de la Procuraduría de que se trata de un complejo entramado de pagos a funcionarios a cambio de contratos.
La Fiscalía defiende que se trata de una presunta red criminal que habría operado desde la Presidencia para recaudar aportes ilegales de contratistas del Estado para las campañas de Alianza PAIS.
Hasta cerca de las 13:00, la Fiscalía, la Procuraduría y los defensores de los 21 procesados expusieron sus alegatos de apertura del juicio que se ha previsto se cumpla en poco más de un mes.
La fiscal Diana Salazar aseguró a los jueces que probará que los 21 sospechosos adecuaron su conducta como autores o cómplices de cohecho.
Ofreció comprobar que al interior de la estructura delictiva, para no ser identificados, se asignaron códigos para los funcionarios públicos, empresarios y empresas.
Indicó, además, que se dio un lenguaje cifrado para denominaciones cuando se referían a los aportantes, beneficiarios y cantidades de dinero. Esos detalles se registraban en archivos digitales y físicos.
El procurador Íñigo Salvador, acusador particular en el caso, enumeró nueve argumentos con los que se demostrará la responsabilidad de los procesados. Reiteró que desde el Ejecutivo se institucionalizó un sistema de corrupción que incluyó Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Sectores Estratégicos, Transporte y Secretaría del Agua.
Salvador asignó responsabilidades. Correa y el vicepresidente Jorge Glas cumplían roles de ordenadores de gasto. Para el caso de Correa era además beneficiario, pues recibió, como muestra, un préstamo de 6.000 dólares. En los casos de Jorge Glas, Vinicio Alvarado, María Duarte y Walter Solís, aceptaron y recibieron cuantiosas sumas de dinero.
De Pamela Martínez y su asistente Laura Terán dijo que eran el enlace entre los funcionarios, empresarios y entre ellos y los beneficiarios.
Afirmó que las empresas señaladas en el caso y sus principales accionistas o representantes ofrecieron o entregaron sobornos.
De Alexis Mera, el procurador, reiteró que se benefició del dinero para el pago de los servicios jurídicos. En el caso de la asambleísta Viviana Bonilla,
manifestó que se benefició del dinero de los sobornos para su campaña a la Alcaldía de Guayaquil.
Finalmente, en el caso de Yamil Massuh, dijo que colaboró de manera indirecta en la recaudación y entrega de dinero.
Tomás Paredes, abogado de Bolívar Sánchez, deslindó la responsabilidad de su cliente. Dijo que el contrato se suscribió dos años antes de la fecha investigada.
Vanesa Zavala, defensora de Vinicio Alvarado, dijo que la Fiscalía ha querido compensar con cantidad la falta de evidencias. Diego Correa, abogado de Duarte, precisó que la Fiscalía ha querido criminalizar el actuar de su cliente dentro de un deber legal. Alembert Vera, defensor de Solís, ratificó que en el proceso no consta ningún hecho, no se dice ni cuándo ni dónde su cliente cometió el delito.
LA CIFRA
$ 7,79
MILLONES es el monto de los sobornos ofrecidos, recibidos y entregados entre 2012 y 2016.