La Ley de Finanzas Públicas se vota sin tener un acuerdo
El Gobierno busca reunir a la mayoría entre PAIS, CREO, BIN y BADI ❚ PSC, correístas y SUMA anunciaron que no están de acuerdo con la propuesta
En la recta final. Hoy el pleno de la Asamblea Nacional inicia el segundo debate y aprobación del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, presentado por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, como parte de las acciones encaminadas a solventar la crisis sanitaria a causa de la pandemia de COVID-19. El trámite se dará sobre la base del informe de la Comisión de Régimen Tributario, el cual requiere de 70 votos para su aprobación en el pleno.
Justamente, el primero de los obstáculos a superar la ley es el de los votos. El Gobierno confía en volver a juntar a los asambleístas que votaron por el actual presidente de la Legislatura, César Litardo, esto es, 78 votos, de los bloques: Alianza PAIS, CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN), Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI). Dejando de lado a socialcristianos, SUMA y correístas, quienes ya votaron en contra o se abstuvieron del informe aprobado.
El documento ha sido variado en varios artículos, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de las autonomías, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y las atribuciones que se le entregaba al Ministerio de Finanzas. Aspectos, que los legisladores sostuvieron que son disposiciones inconstitucionales. La mayoría, una vez aprobado el informe, aseguró que el documento defiende la autonomía de las instituciones y aclara las atribuciones del Gobierno en cuanto al manejo presupuestario.
El coordinador de CREO, Luis Pachala, aseguró que se hicieron los cambios necesarios a la ley para evitar que esté en contra de la normativa constitucional al respetar las competencias de los GADS y entes de la Seguridad Social, y que los fondos son distintos a los del Gobierno central; y, se garantiza la entrega oportuna de los fondos a los gobiernos descentralizados.
“Se dejó en claro y se defendió la autonomía de los GADS y
de la Seguridad Social. Quienes no votaron por el informe solo lo han hecho por mantener un discurso”, dijo a EXPRESO.
Sin embargo, desde la oposición, se mantienen las dudas sobre la aprobación de la ley. Consideran que el Ejecutivo en todo el tratamiento de la propuesta no ha hecho ningún comentario, y consideran que está “jugando” con el tema del veto parcial, porque sabe que no hay los 91 votos para insistir en lo que la Asamblea aprobó.
Para el coordinador de la revolución Ciudadana (RC), Juan Cristóbal Lloret, el proyecto está mal dirigido, y ha sido tardío. Recordó, que este mismo proyecto estaba previsto que envíe el Gobierno a finales del año anterior, luego de que la Asamblea negara su aprobación en el pleno, y pidiera que las finanzas públicas se trate en otro momento. Asegura, que los cambios no tienen repercusiones significativas y serán de aplicación a futuro.
El proyecto de ley también es un guiño al Fondo Monetario Internacional (FMI), que en
días pasados desembolsó un crédito de emergencia por $ 643 millones.
El Gobierno ha buscado dar “buenas señales” al FMI en medio de la búsqueda de un nuevo acuerdo, que según dijo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, pretenderá conseguir un monto mayor a los $ 4.200 millones del programa suscrito en febrero del año pasado.
El proyecto de Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas se suma a la corrección de las cifras fiscales que realizó el Gobierno en días pasados, y que consiguió el “perdón” del FMI. A eso se suma el anuncio de retirar los subsidios a los combustibles que han realizado los ministros para comenzar a utilizar un sistema de bandas de precios.
Para Fernando Posadas, analista de Medley Advisors, multinacional que se dedica a la investigación de análisis económico y geopolítico para inversionistas, la aprobación ayudará a mejorar la transparencia en las finanzas públicas del país, no obstante, su aprobación o archivo no será un factor decisivo para el nuevo acuerdo que busca el Gobierno con el organismo.
“El Fondo ha tomado una postura más laxa, no solo con Ecuador sino con básicamente todo el mundo. Respecto a Ecuador, el Fondo está en la mejor disposición de tratar de ayudar a Moreno”, añadió Posadas.
Dentro de este proceso, en donde cada voto cuenta para el Ejecutivo, se deberá conocer cuál será la posición de al menos diez legisladores que ahora son independientes, tras separarse de sus respectivas bancadas, o ser separados. Estos son: Fabricio Villamar, Mae Montaño, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, de CREO.
La asambleísta Viviana Bonilla de Alianza PAIS; Ángel Sinmaleza, ex SUMA; Boris Estupiñán, ex PSC; y, Kharla Chávez, Karla Cadena y Carlos Bergman, ex PAIS y Aliados.
A esto se suma la falta de acuerdos que ha demostrado el bloque del oficialismo, Alianza PAIS, que en muchas ocasiones se ha dividido y no ha aprobado los proyectos que han sido enviados por el Ejecutivo. Estos desacuerdos conllevó a inicios de marzo, previo a la suspensión de las actividades por la pandemia del coronavirus, que la mayoría se vaya separando.
Todos estos aspectos tienen que ser superados al interior de la Legislatura por parte del titular César Litardo y de la ministra de la Política, María Paula Romo, cuyo accionar ya fue cuestionado por los oficialistas, al sostener que “Romo no es del partido” y le han dejado de hacer caso en varias votaciones.
EL DETALLE
Tramite. La Ley de Apoyo Humanitario, que también tiene el carácter de urgente en materia económica iniciará el segundo debate mañana desde las 15 horas.