Cárceles: Lenín les echa otro parche
El gobierno de Lenín Moreno parece haber encontrado la fórmula perfecta para administrar las cárceles del país: declararlas en estado de emergencia cada 14 meses, cuando los presos empiezan a matarse unos a otros. La emergencia anterior fue de mayo a julio de 2019. La de este año 2020, decretada en agosto, se extenderá hasta octubre. Quizás en noviembre de 2021 el nuevo presidente se convenza de que tiene que repetir, que no le queda de otra.
Es útil contar con alguien que hable bonito. Alguien como María Paula Romo, capaz de decir sin inmutarse: “En el Ecuador hay un profundo problema penitenciario que tiene que ver con el diseño, con el modelo, con reformas legales, con recursos, con hacinamiento”. Tigre para un diagnóstico, la ministra de Gobierno suelta perogrulladas monumentales con la solvencia de quien acaba de poner la pica en Flandes. Eso le permite disimular la pobreza de las políticas reales. Describe el problema con tanta enjundia que puede escamotear la solución sin que nadie se dé cuenta: “El estado de excepción -dice de inmediato- va a atender específicamente algunos temas de seguridad”. Es decir: no los profundos problemas de diseño, de modelo, de reformas legales, de recursos y de hacinamiento. Esos quedarán, lo mismo que el año pasado, intactos. Hasta el año próximo.
El estado de excepción sirve apenas “para controlar a las mafias”, según el presidente; para “aislar a las personas que tengan un comportamiento más violento”, según la ministra de Gobierno; para “mantener separadas a las personas que no quieren aceptar el ofrecimiento de rehabilitación del Estado”, según el director de cárceles, Edmundo Moncayo. Acciones cuyos efectos, como se ha visto, duran poco. Parches, en suma.
“Nos comprometemos a fortalecer lo que no está fallando”, despacha Moncayo sin especificar, porque no hay dónde. ¿Acaso hay algo que no esté fallando en las cárceles? Sí, una cosa: la emergencia anual. Exacta como un reloj.