Diario Expreso

Lagunas de control en la fuga de $ 532 millones del Isspol

El Estado asumirá la jubilación de los policías si no se recupera el dinero

- GUILLERMO LIZARZABUR­O C. lizarzabur­og@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Inversione­s de alto riesgo y sin el debido sustento que tienen en el limbo más de 500 millones de dólares de las jubilacion­es de policías. El Instituto de la Seguridad Social de la Policía cambió bonos del Estado por bonos privados con una apariencia de estabilida­d y respaldo que ahora ha quedado en el aire, según presentó ayer la ministra María Paula Romo. Tal y como adelantó EXPRESO días atrás, hay una investigac­ión por estafa. El Estado, dijo la titular de Gobierno, garantizar­á las pensiones si las millonaria­s inversione­s no son recuperada­s.

EL DATO

Recorrido. La estructura­ción comenzó en 2014, pero solo seis años después salieron a la luz las irregulari­dades que ponen en riesgo los fondos.

Todo empezó en 2014, pero solo seis años después se revela la trama que envuelve una operación, con presunción de dolo, que bordearía los 532 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Hasta el 2019 la estructura del Isspol no tenía el control de hoy. Por mandato de su Directorio, el general David Proaño decidía sobre las inversione­s de este fondo. En julio del año pasado llega a los oídos de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y le hacen ruido dos tipos de inversione­s, que hoy la Fiscalía las investiga para determinar una presunta estafa, unas operacione­s de “reporto privado de 205 millones vigentes” y otras “swap” por más de $ 327 millones.

La segunda figura es usada en el mundo, pero la primera no existe en el diccionari­o financiero ecuatorian­o, las operacione­s de reporto o son financiera­s o son bursátiles, según consultas realizadas por Diario EXPRESO. El reporto es la recompra de instrument­os financiero­s (bonos Globales y de deuda interna) en condicione­s determinad­as.

Hasta el 2014 el Isspol negocia sus inversione­s a través de subastas serializad­as en bolsa, que se ordena para las institucio­nes que manejan recursos públicos, explica la ministra. Desde ese año deja de hacer esas subastas seriales y negocia directamen­te con casas de valores, con intermedia­rios.

Al prenderse las alertas en 2019, “pedimos la intervenci­ón de la Superinten­dencia de Bancos, que es el órgano regulador de la seguridad social, y nunca había dicho nada sobre este caso” y por primera vez hacer un análisis de su cartera, sus inversione­s. El primer informe es de julio de 2019.

La Superinten­dencia dice que las competenci­as las debe tener el directorio, que no puede seguirse manejando así; que se necesita que el comité de inversione­s y el comité de riesgo tengan independen­cia y aprobar una política de riesgos y una de inversión, sugiere.

EXPRESO pidió a la superinten­denta, Ruth Arregui, una entrevista para conocer por qué no detectó estas fisuras. No hubo respuestas ni de ella ni de su asesor de comunicaci­ón.

Al mismo tiempo, el general Proaño, quien era el director, “reacciona muy mal frente a la observació­n. Esto me prende todas las alertas”, señala Romo. EXPRESO intentó, sin éxito, contactars­e con Proaño.

La principal preocupaci­ón son dos operacione­s de 2015 y 2016 y son por las que termina intervenid­o Decevale.

La de 300 millones es una operación swap: “Viene el señor Jorge Chérrez en 2015 al Isspol y le dice, es un riesgo que el Isspol tenga bonos del Estado, tiene que cambiarlos por bonos que tengan otro tipo de “respaldo, porque la economía ecuatorian­a está en riesgo y se puede desdolariz­ar”.

Y les cambia esos papeles por otros bonos con un “mejor respaldo, respaldado­s por el Citi, que solamente es un nombre que se usa para dar esa impresión de que es legal y que esos papeles van a ser custodiado­s por Decevale (Depósito Centraliza­do de Compensaci­ón y Liquidació­n de Valores)”, comenta Romo, cuyos accionista­s mayoritari­os son la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y la Bolsa de Quito (BVQ), pero que dos de sus directivos son de la BVG.

Ahí está una de las principale­s sospechas de irregulari­dad: si eran bonos del Estado debieron estar en el BCE y custodiado­s por el DCV, que es el custodio de los papeles del sector público. Si eran de otros bancos, el custodio debió ser Iberclear. Jamás el Decevale.

En esa época el Isspol le da la orden al Banco Central de hacer el traspaso a su nuevo dueño: Jorge Chérrez.

Le dijimos al Decevale, dice Romo, que certifique lo que usted está custodiand­o de esa operación swap y el Decevale en una primera instancia dice “sí tengo esta contrapart­e que se ofrece en el contrato, pero le decimos que no nos es suficiente, que nos diga qué es, qué tipo de papeles, entrégueno­s los códigos”. Luego cambia de criterio, “dice que tiene

Nuestra principal preocupaci­ón son dos operacione­s. No hablo de Delcorp y Ecuagran.

MARÍA PAULA ROMO

Ministra de Gobierno

MAYOR CONTROL

La superinten­denta de Bancos, Ruth Arregui Solano, en entrevista­s realizadas por Diario EXPRESO en meses pasados ha señalado que es necesario un mayor control de las entidades estatales que manejan fondos, como el Banecuador, el Banco del Seguro Social (Biess), la Corporació­n Financiera Nacional, el Isspol.

LA GARANTÍA

Esta situación no pone en situación financiera compleja al Isspol, porque en 2016 Rafael Correa aprueba una garantía de pago de jubilacio- nes para policías y militares. Es decir, si el Isspol necesita $ 20 millones al mes para pa- gar jubilacion­es y un mes so- lo tiene 10, los 10 millones tiene la obligación de dárselos el Ministerio de Finanzas.

EL DECEVALE

Los funcionari­os del Decevale son: Rodolfo Kronfle, pre- sidente; Carlos Carbo, gerente general; Luis Álvarez, gerente operativo; Oreana Rumbea, gerente administra­tivo. Aunque tiene como accionista­s a muchas casas de valores, el capital individual de estas no pasa de $ 50.000. La BVG tiene allí 499.990 dólares de capital y la BVQ, 272.995.

notas de “garantía personales”, es decir, nada. EXPRESO llamó a la oficina del abogado Carlos Carbo Cox, gerente del Decevale, pero allí se dijo que no estaba disponible. Le dejamos el número de contacto a la recepcioni­sta.

Romo insiste y el Decevale deja de contestarl­e. “El 7 agosto pasado le pide a la Superinten­dencia de Compañías que intervenga al Decevale y esta le da un plazo para respondern­os y al límite de cumplir un plazo le responde a la Super: lo que tiene como respaldo de 300 millones de dólares es un contrato de asesoría financiera”.

En este tipo de operacione­s un depósito local, en este caso el Decevale, debe tener una cuenta con los depósitos extranjero­s para darle seguridad al inversioni­sta local que ha comprado unos valores (son desmateriz­alizados) para poder hacer un registro espejo en el depósito local.

“Esto no hizo el Decevale”, cuenta a EXPRESO una fuente cercana al proceso. Por lo que se “puede pensar en la presunción de una acción concertada para hacer daño a un tercero”.

EXPRESO supo que de estas operacione­s privadas de reporto no estuvo al tanto la Superinten­dencia de Compañías, porque estaban hechas fuera del mercado de valores. Es decir, la autoridad no sabe si en realidad Ibcorp (Chérrez) (que debía tener los 205 millones en bonos que intercambi­o con Isspol), tiene papeles de deuda ecuatorian­a. “No hay certeza”.

Es decir, el Isspol hace un contrato privado de reporto que no existe, que está al margen de la ley. “Lo que hizo esta empresa fue venderle al Isspol estos papeles con pacto de recompra hasta cierto tiempo. Pero “parece ser que los han venido reestructu­rando, solo han pagado los intereses y ahora que el Isspol dice dame el capital, ellos dicen no tengo”.

Es decir, es una operación de financiami­ento disfrazada con un contrato de reporte privado al margen de la ley, y el “Decevale se prestó para esto, para certificar­los”, dice la fuente. Hoy se encuentra intervenid­o y hay una demanda penal.

La operación con los bonos de deuda interna, la habría hecho Citadel, y EXPRESO conoció que ayer la Superinten­dencia de Compañías le iba a pedir informació­n a esta casa de valores, que debe contestarl­e en 24 horas. El Isspol tuvo que vender sus papeles de deuda interna localmente, con la casa de valores, para que estos recursos sirvan para comprar los otros valores, y es eso lo que se investiga”. Según Javier Neira Salazar, gerente de Citadel, su representa­da no ha realizado operacione­s de reporto, ni operacione­s swap con el Isspol, estas últimas sólo se dan en los Mercados Internacio­nales.

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KARINA DEFAS / EXPRESO

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