La Judicatura tiene en lista más de 300 despidos
En lo que va de este año, se ha desvinculado a 290 servidores
El recorte del presupuesto al Consejo de la Judicatura (CJ) podría afectar más la funcionalidad de la justicia. La entidad tiene prevista la desvinculación de más de 300 servidores, considerados como personal sobrevalorado.
“Es un número significativo que hace que la capacidad nuevamente de respuesta y esa prestación efectiva, eficiente que debe prestar la administración de justicia, se vea afectada de una manera grave”, manifiesta Pedro Crespo, director general del CJ.
En una entrevista con EXPRESO, el funcionario sostiene que son aproximadamente 20 millones de dólares en los últimos dos años: 12’297.000 en gasto corriente e inversión, en 2019; y 8 millones en 2020, lo que afecta en varias partidas de gasto; entre esas, la 51 que es remuneraciones de personal.
Crespo señala que la falta de dinero ha hecho imposible vincular a más personal o reemplazar a 47 jueces que han salido por diferentes motivos a nivel nacional; además de fiscales, defensores públicos y personal jurisdiccional y administrativo. “Hemos tenido que cubrir estas falencias con traslados administrativos, obviamente resta la capacidad efectiva de respuesta a la ciudadanía”.
Lo más grave, añade el director, es que se han visto obligados a despedir y reducir el número de funcionarios. En 2019 desvincularon a 125 administrativos y 29 jurisdiccionales por jubilación, cuyas vacantes no han sido reemplazadas.
Este año se desvinculó a 122 coordinadores de unidades jurisdiccionales, que eran el enlace entre la ciudadanía y los servidores jurisdiccionales. En agosto también se sumaron otros 168 servidores sujetos al Código de Trabajo. Es decir, 290 servidores menos, a los que se sumarían los 300.
Otra de las preocupaciones que tiene la Judicatura es la sentencia de la Corte Constitucional (CC), que aclaró la actuación de la entidad en acciones disciplinarias por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.
Según Crespo, el año pasado devengaron 1’328.000 dólares por concepto de indemnizaciones, por pago de sueldos que dejaron de percibir funcionarios reintegrados a sus cargos.
Aún se desconocen cuántos se acogerán al fallo de la CC, cuyas indemnizaciones afectarían más a la justicia, considera el director del CJ.