La Asamblea instala el juicio político a Cruz
Una jueza negó la acción de protección al presidente del CPCCS y la Asamblea instaló el juicio político en su contra ❚ El funcionario tuvo 3 horas para su defensa
Una jueza niega la acción de protección que pidió el presidente del Consejo de Participación.
La movida judicial de Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana con presunto 81 por ciento de discapacidad, no detuvo el juicio político en su contra en el Pleno de la Asamblea. El funcionario había solicitado una medida de protección con la esperanza de evitar el proceso. Su argumento: la Comisión de Fiscalización que aprobó el juicio había sido ilegalmente reestructurada y no era, por tanto, organismo competente para procesarlo. Antes de que se pronunciara Henny Barragán, la jueza a cargo de decidir sobre el pedido de Cruz, la Asamblea se curó en salud: emitió un comunicado en el que apelaba al principio de independencia de funciones y advertía que no admitiría intromisiones en su tarea fiscalizadora. Minutos después se instaló la sesión. Dijera lo que dijera la jueza, el juicio político estaba en marcha. Al cierre de esta edición, el funcionario procesado se encontraba ejerciendo su derecho a la defensa, para lo cual disponía de un máximo de tres horas.
En eso estaba cuando la decisión de la jueza Barragán se hizo pública: en contra de Cruz. Que no justificó la gravedad e inminencia de las amenazas contra sus derechos constitucionales, dijo en su sentencia, y que al concederle una medida cautelar incurriría en interferencia de la función fiscalizadora.
Sin embargo, los argumentos de Cruz sobre la invalidez de la Comisión de Fiscalización que lo juzgó no son deleznables y él les dedicó la primera hora de su intervención. El mismo presidente de la Asamblea, César Litardo, le entregó esos argumentos en bandeja: cuando consultó a la Procuraduría sobre la capacidad legal del Pleno para reestructurar esa comisión por fuera de las fechas señaladas en la ley, se sobreentendía que estaba dispuesto a acatar su veredicto. Pero no fue así. El procurador dijo que no y el Pleno de la Asamblea decidió no hacerle caso. Ahora Cruz cita toda la jurisprudencia del mundo sobre el obligatorio cumplimiento de los pronunciamientos del procurador.
Lo que no puede Cruz es disimular la contundencia de los cargos en su contra: la obtención irregular de un carné de discapacidad que le atribuye una discapacidad visual y auditiva del 81
por ciento, a pesar de lo cual consiguió una licencia de conducir profesional; la presentación de documentos falsos para el concurso de méritos y oposición que lo llevó al CPCCS. La arrogación de funciones que no le corresponden al haber emitido dos reglamentos sin la participación del Pleno del Consejo.
Cruz llevó una gran cantidad de documentos para desvirtuar esas acusaciones. Documentos borrosos escritos en letra diminuta que iba disponiendo uno tras otro a plena pantalla y aun así resultaban ilegibles... Para cualquiera, pero no para Cruz, quien debería ser francamente ciego de ser cierta la calificación que consta en el carné motivo del juicio político.
“Soy una persona con discapacidad y estoy siendo discriminado al ser objeto de este juicio político”, se victimizó Cruz, como si las discapacidades (reales o figuradas) eximieran a un funcionario de sus responsabilidades políticas. “Soy honesto y siempre he luchado por la transparencia”, se alabó. “Soy un deportista que he encontrado fuerza en la adversidad”, se envaneció. La práctica de artes marciales de contacto, dijo, le causó las lesiones. Pero en ningún momento mencionó la inverosímil cifra: 81 por ciento.
Que ni utilizó el carné de discapacidad para importar un vehículo ni se benefició de la acción afirmativa para postularse como candidato, aseguró. Y defendió a capa y espada su “probidad notoria”. Hasta llevó un certificado de “probidad notoria” aprobado por el más notoriamente probo de los organismos del Estado: el Consejo Nacional Electoral.
Al cierre de esta edición, faltaban largas horas para la conclusión del juicio. Todavía tenían que rebatir a Cruz sus dos acusadores: el socialcristiano Henry Kronfle y la oficialista Noralma Zambrano. Luego Cruz habrá presentado su contrarréplica y habrá tenido lugar el respectivo debate del Pleno.
FISCALIZACIÓN 4 MINISTROS IRÁN AL PLENO
Tras el juicio a Christian Cruz, el Pleno tenía previsto continuar con su misión fiscalizadora en la misma sesión: primero, se propuso debatir la comparecencia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, sobre la construcción del hospital de Pedernales. Luego, llamar a los ministros de Salud, Trabajo y Finanzas, sobre la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud.
EL DETALLE
Entorpecimiento virtual. El Zoom lo demora todo: hasta media hora pueden tardar los asambleístas en registrar su asistencia, para lo cual basta con un clic.