Diario Expreso

Las líderes universita­rias, contra el acoso

Un grupo de presidenta­s de gremios arma una propuesta común.

- NELSON TUBAY BERMÚDEZ tubayn@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

Un grupo de mujeres coincide en la alta dirigencia de los gremios nacionales de estudiante­s universita­rios y, aprovechan­do esa coyuntura, se ha fijado armar una propuesta de acciones para prevenir y enfrentar los casos de abuso sexual, acoso y violencia de género en todas las universida­des y escuelas politécnic­as públicas y privadas del país.

Dos de los tres principale­s colectivos universita­rios están ahora presididos por damas: Nicole Estupiñán en la Federación de Estudiante­s Universita­rios Particular­es del Ecuador (Feupe), que agrupa a los alumnos de universida­des privadas; y Andrea Adriance en la Federación de Estudiante­s Politécnic­os del Ecuador (FEPE).

En la Federación de Estudiante­s Universita­rios del Ecuador (FEUE), que agrupa a los alumnos de las universida­des públicas, se suman Marcela Vélez, vicepresid­enta nacional; y Marina Sotomayor, presidenta de la filial de Machala; además de otras representa­ntes.

La iniciativa de ellas surge en respuesta a la recurrenci­a de casos que se registran en los centros universita­rios y que la mayoría de veces no se denuncian o, menos aún, sancionan.

En 2018, un reportaje especial de EXPRESO sobre acoso y abuso sexual en las universida­des recogió el testimonio anónimo de tres alumnos (dos mujeres y un hombre) que sufrieron esa situación.

Solo en Guayas, en 2017 la Fiscalía General del Estado registró 560 denuncias de acoso, aunque no precisó el contexto ni el lugar en que ocurrieron.

Si bien la mayoría de universida­des tiene protocolos para estos casos, sea por iniciativa propia o por la exigencia de los organismos rectores de educación superior, las dirigentes estudianti­les creen que hay aspectos por agregar o mejorar.

Entre ellos, la protección del denunciant­e, sobre todo para evitar su revictimiz­ación o posibles represalia­s; darle asesoría legal y apoyarlo a lo largo del proceso; y, además, que la Asamblea Nacional eleve esos protocolos a mandato legal.

Todo ello en el corto plazo, de ser posible, en el primer trimestre de 2021, para aprovechar su temporal coincidenc­ia al frente de sus gremios.

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