“Los excombatientes ahora deben entregar la verdad”
Durante los tres meses que lleva al frente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el jurisconsulto ha dicho que busca llegar a la verdad de los violentos hechos.
¿Cuál es su reflexión sobre el fallo de imputación a la antigua cúpula de las FARC?
El acuerdo de paz está vivo y se aplica. El auto de imputación es una decisión trascendental para el proceso de transición a una paz estable y duradera en Colombia. La historia colombiana se caracterizaba porque los procesos de paz terminaban con la desmovilización de los actores armados y con amnistías incondicionadas por los crímenes cometidos. Esperamos poco a poco ir mostrando cómo fue ese camino hacia el horror que vivieron las víctimas y poder nombrar el mal y conjurarlo.
¿Pero qué significado y alcance tiene para la sociedad colombiana?
Esta vez, gracias a la JEP, las atrocidades del conflicto no pasarán. Se comienza a desmontar la impunidad que se había asumido como algo normal en el paisaje colombiano. Colombia es un país en el que el índice de impunidad es muy alto. Hace muchos años se hablaba de una cifra cercana al 95 % de impunidad. En el caso de las graves violaciones a los derechos humanos nos habíamos acostumbrado a que no se conocían los responsables y a que las víctimas jamás recibían justicia.
− La JEP empezó a instruir los casos hace dos años y medio. ¿Qué balance hace del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz?
− Esta es una jurisdicción que ha surgido en un entorno muy difícil, con ataques desde diversos sectores y con intentos fallidos de modificarla o de eliminarla del todo. Como jueces debíamos, en cambio, concentrarnos exclusivamente en nuestra misión de investigar y sancionar los máximos responsables de los más graves crímenes cometidos en el conflicto colombiano. Para comenzar, se aplicó una lógica de crímenes de sistema y se abrieron siete macrocasos, que involucran una mayúscula macrovictimización.
− ¿Y qué disposición han encontrado por parte de los exguerrilleros?
−Ellos tienen 30 días hábiles para estudiar el auto y adoptar una decisión respecto al mismo. Si optan por reconocer su responsabilidad, pueden acceder a las sanciones propias, que son sanciones restrictivas de la libertad, de 5 a 8 años, y que tienen una finalidad restaurativa. Pero si optan por no reconocer, pasan al proceso adversarial en el que la Unidad de Investigación y Acusación evaluará el caso y podrá acusar, si la evidencia así lo indica, ante el tribunal. Si los comparecientes son vencidos en juicio pueden enfrentar una pena de 15 a 20 años de prisión.
− ¿Cómo avanzan esos macrocasos?
− Existen siete macrocasos en la Sala de Reconocimiento. Los otros van avanzando a un buen ritmo y esperamos que también en ellos se dicten autos de determinación de hechos y conductas en un tiempo breve. Pero también hay líneas de investigación que se han abierto o están a punto de abrirse, como son los de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento, afectaciones a los pueblos indígenas, entre otras. Es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz sigue trabajando duramente para poder darle a las víctimas y en general a la población colombiana un relato judicial final de lo sucedido en el conflicto colombiano, con la determinación de los máximos responsables de los crímenes cometidos.
− ¿Qué opinión le merecen las presiones de esos sectores políticos?
-Los colombianos están alinderados con la paz. Algunos sectores políticos pueden no sentirse cómodos o incluso sentirse intimidados con las instituciones creadas por el acuerdo de paz, como es la JEP. Pero me queda difícil pensar que estén contra la paz y la verdad. Aspiro a que los críticos terminen por entender que las verdades criminales del conflicto ya no se pueden ocultar y que a las víctimas que son más de nueve millones de colombianos no se les podrá expropiar su derecho a la justicia. Para los perpetradores que admiten toda la verdad y asumen la responsabilidad, la JEP es también dentro del país la última oportunidad de rehacer su existencia y de reconciliarse con las víctimas y la democracia. -¿Cómo cambiado el país desde la firma de los acuerdos?
-El componente de justicia del acuerdo de paz es fundamental para alcanzar una democracia sólida y fuerte, que vele por los derechos de las personas que viven en Colombia. Nuestro horizonte de actuación es la protección de los derechos de las víctimas. Para ello debemos averiguar la verdad de lo ocurrido. Sin verdad no puede haber justicia y sin saber qué fue lo que pasó no se pueden establecer las medidas para garantizar la no repetición.
EL CONTEXTO
Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno, la violencia ha recrudecido en Colombia. Cada semana se reportan varias víctimas relacionadas con los excombatientes, pero Cifuentes tiene como propósito el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
EDUARDO CIFUENTES
Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En noviembre sustituyó a Patricia Linares como máximo responsable de este tribunal de Colombia que debe investigar y juzgar los crímenes más graves perpetrados durante la guerra interna del país, que acabó tras la firma del acuerdo de paz en el 2016.
La verdad puede ser incómoda para muchos sectores, pero es nuestro trabajo develar lo sucedido.
Para las víctimas, la JEP es la última oportunidad de justicia, y no les vamos a fallar, es nuestro deber.