Cárceles: la emergencia de tres meses se comió $ 1,2 millones
El SNAI destinó los recursos para mejoras de infraestructura y compra de armas no letales ❚ El problema de fondo no fue atendido, dicen expertos en seguridad
El descontrol interno en las cárceles del país parece perpetuarse sin coto alguno en un sistema de rehabilitación social sumido en una crisis de inseguridad.
El vídeo en el que el procesado Daniel Salcedo y otros dos presos aparecen bailando en la plataforma Tiktok, o las alertas por amenazas contra la vida de funcionarios de la Cárcel 4 de Quito y por una posible fuga de reclusos, son hechos que se registran a tres meses de concluida la última de las emergencias carcelarias que declaró el Gobierno.
Noventa días duró ese régimen, con una ampliación incluida, que en razón de un estado de excepción decretado por el presidente Moreno, dio aval a la entidad que administra los centros carcelarios para contratar las obras, bienes y servicios que se requirieran para superar la apremiante situación en las prisiones.
Hasta noviembre de 2020 que terminó esa emergencia, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) efectuó 6 contrataciones, que suman $ 1’223.335,55 (ver gráfico).
Según la información publicada en el portal de Compras Públicas, cuatro de esos contratos emergentes fueron para construcción, readecuaciones y mantenimiento de infraestructura en cuatro centros de privación de libertad. El monto restante se destinó para la compra de 100 armas no letales de aire comprimido y 35 mochilas tácticas esparcidoras de gas pimienta.
Sobre las medidas adoptadas bajo la emergencia, el SNAI señala a este Diario que se atendió aspectos de seguridad, protección, cuidado y bienestar de los presos.
En el caso de seguridad, la entidad indica que se efectuó un control y aislamiento de los internos que representan un riesgo para la seguridad del los centros. También detalla que se coordinaron diversas capacitaciones, tanto para el personal administrativo como para el cuerpo de guías penitenciarios.
Según el SNAI, gracias a operativos efectuados en conjunto con la policía, “se han detenido, controlado y minimizado diversos incidentes” dentro de las cárceles. Sin embargo -reconoce el organismoante la falta de personal para atender a toda la población penitenciaria, se han suscitado eventos como amotinamientos, riñas y disputas”, ante cuyos hechos se aplicaron normas de control disciplinario y legal.
¿Ayudaron las inversiones emergentes a superar la situación de conmoción interna en las cárceles? es la consulta que EXPRESO hizo a expertos en seguridad.
“No sirvió de mucho, pues antes que nada había que elaborar una hoja de ruta para que la ciudadanía conozca qué se iba a hacer en los centros carcelarios”, señala Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social.
Afirma que el sistema penitenciario está “podrido” y que se requiere mucho más que destinar algo de recursos para mejorar infraestructura o equipar al personal de custodio. “El problema de las cárceles es de fondo, que no se ha tomado en cuenta, y creo que es el nuevo Gobierno el que lo debe atender”, sugiere.
Jorge Villacreses, máster en Criminología, opina que las contrataciones realizadas por el SNAI no se traducen en ayuda para cambiar la situación de inseguridad dentro de las prisiones.
“Declarada la emergencia, allí primero debió hacerse una intervención total: vaciar las cárceles para entrar con recambios de ingeniería para detectar y eliminar caletas donde se guardan armas y droga, por ejemplo”, expone el experto.
Como un segundo y tercer paso, explica que se debió hacer un tamizaje de los presos tomando en cuenta su perfil de peligrosidad, realizar un censo con apoyo de profesionales de salud mental, y posteriormente generar un verdadero plan de rehabilitación social.
Alfredo Muñoz, exdirector nacional de Rehabilitación Social, apunta que “ninguna de las emergencias sirvió porque no se destinaron los suficientes recursos económicos para tantas necesidades”.
El exfuncionario estima que una falencia que debió atenderse de forma urgente son los filtros de seguridad en las grandes cárceles que acogen a los internos de máxima seguridad.
Muñoz trae a colación lo recientemente ocurrido con el procesado Daniel Salcedo en la Cárcel 4. “En el control de los teléfonos celulares, que es uno de los grandes negocios dentro del sistema penitenciario, no se ha hecho nada. No es porque no se puede, sino porque no se quiere”, sentencia.
EL DETALLE
Decretos. Desde 2019, el sistema penitenciario ha permanecido en estado de excepción por 6 meses, a través de dos declaratorias y dos ampliaciones.
LAS FRASES
No hubo claridad de lo que se tenía que hacer y de las necesidades que tenía cada prisión del país.
RICARDO CAMACHO Analista de seguridad
Las emergencias se declaran para que los recursos se canalicen para una intervención total en las cárceles.
JORGE VILLACRESES Máster en Criminología