La Superintendencia niega pedido de medidas cautelares contra el Decevale
El Isspol tuvo un revés en la entidad de control del sistema financiero
La Superintendencia de Bancos no “está facultada legalmente para ejecutar medidas cautelares adoptadas en el ámbito administrativo”. Esa respuesta le dio la entidad a Juan Carlos Rueda, director general y secretario del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), ante un pedido contra el Decevale.
El 5 de febrero de este año la Superintendencia fue notificada con las resoluciones administrativas del 4 de febrero en las que Rueda, como director del Isspol, dispuso la ejecución por parte de este organismo de control, de medidas cautelares de retención de los valores en efectivo que las empresas cuyas denominaciones se detallan en dichas resoluciones mantengan en cuentas bancarias o en depósitos a plazo fijo en instituciones del sistema financiero nacional. Una de esas empresas es del Decevale.
Entre las atribuciones conferidas por la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional al director general y representante legal del Isspol, previstas en el artículo 8, no consta ninguna disposición que le otorgue competencia para emitir medidas cautelares adoptadas en el ámbito administrativo, señala la Superintendencia de Bancos.
De otra parte, “en las resoluciones emitidas tampoco se justifica la existencia de algún procedimiento administrativo, por lo que los condicionamientos de los citados artículos 189 y 190 del Código Orgánico Administrativo, no se cumplen en el presente caso”.
“De otra parte, el artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero al establecer las funciones de la Superintendencia de Bancos, no contempla la de ejecutar medidas cautelares emitidas al amparo del Código Orgánico Administrativo”, agrega en el oficio emitido a la entidad policial el 19 de febrero pasado. Francisco Javier Bolaños, intendente general de la Superintendencia, señaló que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
“Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.
El Isspol acusa al Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores) de haber actuado al margen de la ley al custodiar valores, para lo que no tiene competencia. Eso a través de un contubernio con Jorge Chérrez.
LA CIFRA $ 532 MILLONES
del Instituto de Seguridad Social de la Policía fueron manejados por Jorge Chérrez.