Se recrudece la violencia en las cárceles con 62 muertos
TRES MOTINES. Se producen de forma simultánea por luchas internas de bandas
El descontrol y los problemas dentro de las cárceles dejó ayer un saldo sangriento que se vio en las imágenes, crudas, del interior de las cárceles y en el número de víctimas. Al menos 62 reos murieron en tres motines simultáneos en los centros penitenciarios de Guayaquil, Turi
y Latacunga. El director del sistema penitenciario, Edmundo Moncayo, compareció en la tarde para atribuir la escalada de violencia a la lucha entre bandas, tras el asesinato en diciembre del líder de una de ellas. Reiteró, además, su pedido de reforzar los recursos y las leyes.
EL DATO
Población carcelaria. El 70 % de los reos del país se aglutina en las tres cárceles que protagonizaron los motines de ayer. En Latacunga, “de riesgo”.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregó a la Fiscalía su informe parcial de investigación sobre la presunta entrega irregular de carnés de discapacidad.
La presidenta del organismo, Sofía Almeida, acudió personalmente a la sede de la institución judicial. Detalló, previo a la entrega del documento, que esta investigación preliminar encontró presuntas irregularidades en la entrega en total de 794 carnés de discapacidad emitidos por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. “Venimos a presentar el primer informe parcial en el cual se presentan dos temas: en la posible red de corrupción en la emisión de carnés de discapacidad podrían estar vinculadas varias instituciones el Ministerio de Salud, IESS y Conadis. Además, un posible acto de tráfico de influencia, peculado y concusión”.
La presidenta señaló como ejemplo que en Guayaquil solo una asistente administrativa emitió más de 497 carnés de discapacidad los que debieron ser aprobados por un Consejo Médico. No solo eso. En la emergencia sanitaria por la COVID-19, dijo, cuando existía una prohibición expresa de no emitir más documentos “se dieron más de 2.200 carnés”.
El consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, detalló que de los 794 carnés, 497 fueron emitidos por el Ministerio de Salud Pública y los 297 restantes por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para acceder a una jubilación especial por discapacidad. En ambas instituciones, según Rosero, no se cumplió lo que dicta la normativa vigente para la entrega de dichos documentos a los beneficiarios.
El informe no se quedará solo en la Fiscalía. Rosero dijo que también será entregado a la Contraloría General del Estado porque existe una falencia de carácter técnico “al no haber una normativa para el tema de la calificación de los procedimientos para la obtención de carnés que debía realizarse al año y lamentablemente se lo hace a los cinco años generando un posible perjuicio al Estado”.
El Consejo de Participación también realiza un exhorto a la Asamblea Nacional para que se reforme la Ley de Discapacidades y “que no haya estas situaciones anómalas en cuanto a la emisión de estos beneficios”.
Lo que recomienda el ente ciudadano es que se investigue a los implicados tanto funcionarios como beneficiarios de los carnés de discapacidad y todos los posibles delitos en torno a este caso.
LA CIFRA
497 CARNÉS
se habrían entregado presuntamente de manera irregular por el Ministerio de Salud.