Ecuagran se sumergió en el negocio de letras de cambio

Casas de Valores participaron en operaciones pese a una prohibición

Alas millonarias captaciones de Ecuagran, de dinero del mercado de valores a través de obligaciones, papel comercial y facturas, se suma un nuevo sistema: las letras de cambio. Entre 2013 y 2020 la empresa, de la que Gad Goldstein fue su mayor accionista, captó de personas naturales y jurídicas casi 20 millones de dólares. Entre los clientes de este mercado, que según la ley le está reservado a los bancos, estaban desde la Curia hasta el Banco Central. Hasta hoy, ninguna autoridad de control sabía de estas operaciones.

EL DATO

Situación. La industria Cargill reclama una acreencia por más de 8,2 millones de dólares que no constan en la contabilidad de Ecuatoriana de Granos.

Un inusual mecanismo de captación de dinero, tanto de personas naturales como de empresas, había instaurado la administración de Ecuagran, en proceso de liquidación por los impagos en sus emisiones de obligaciones y facturas comerciales no solo del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), sino a otros inversionistas.

Entre el 2013 y el 2020 la empresa, cuyo accionista principal era Gad Goldstein, captó de 251 personas y empresas y gremios reconocidos, unos $ 19’808.223 amparados en las llamadas letras de cambio.

En la lista no solo hay empresas del calibre del Isspol, que también invirtió en letras de cambio, sino otras: Corpei (Fideicomiso Corpei Capital), Holdingdine, Adfinsa, Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Datacentro, Decevale, Forban (de los accionistas de la casa de valores que manejó el grueso de las inversiones de Isspol) y una entidad del Estado que debería saber las fronteras de la ilegalidad: el Banco Central.

Diario EXPRESO tuvo acceso al listado de las empresas y personas, los montos, las fe

chas y a través de qué bancos se transfirió el dinero.

Holdingdine tiene registradas varias transferencias, una de ellas por hasta 700.000 dólares. Los pagos se hicieron a través

del Banco Pichincha, Bolivariano, Produbanco-promerica e Internacional.

Si bien las casas de valores no pueden intermediar valores no inscritos en el Catastro Público de Mercado de Valores, Alexandra Echeverría, exgerente general de Activa, envió correos electrónicos a John Campuzano y Enrique Weisson, de Ecuagran, con datos de las letras de cambio a negociar. EXPRESO accedió a un correo con fecha 27 de marzo de 2012. Allí detallaba los datos de las letras de cambio a negociar: 30.000 dólares con un rendimiento efectivo de 10 %. Asesoren y Scudetto también fueron representadas por ella. EXPRESO no recibió respuestas de las preguntas remitidas al correo electrónico a Alexandra Echeverría.

Atlántida (antes Accival) no intermedió valores, lo que les está prohibido por la ley, pero sí lo hicieron las empresas de asesoría financiera con las que tenía relación patrimonial. Diana Peña, gerente de Atlántida, lo confirma. En este lucrativo negocio, dice, participaron otros actores, las empresas de “asesoría financiera”, entre ellas Scudetto, Asesoremp, Southern Cross Capital Market y Atlántida Advisors.

Atlántida Advisors Asesoría Financiera representaba también a personas naturales que, incluso cuando Gad Goldstein ya estaba fuera del país y se conocía la difícil situación financiera de Ecuagran; negociaba letras de cambio. El 17 de agosto de 2020, trece días después de la salida del país de Goldstein, Atlántida emitió una letra por $ 58.223 con un supuesto rendimiento de 9,5 %. Hoy no se han pagado unos 5 millones del monto, según se conoció, y 3,8 millones de esos están a nombre del Banco del Austro.

Luis Cabezas-klaere, representante de Goldstein, contradice la cifra que Ecuagran dice deber al banco. Según el abogado, solo se le deben 300.000 dólares. “En efecto, entre los pasivos registrados tanto en Delcorp como en Ecuagran figuraban una serie de letras de cambio con distintos beneficiarios, entre los que constan personas naturales y jurídicas. Estas letras corresponderían a préstamos otorgados en favor de la compañía y respaldados en letras de cambio, las que se venían renovando periódicamente. De lo que tengo conocimiento, en la actualidad la mayoría de dichas letras se encontrarían canceladas,

quedando vigentes únicamente letras por un valor acumulado que no superaría los $ 300,000, en favor de un único tenedor; en adición a otras letras de cambio cuyo saldo desconozco, y cuyo beneficiario era la institución bancaria a la que usted hace referencia”, responde Cabezasklaere a Diario EXPRESO.

Añade que según se le ha informado, una parte importante de estas letras de cambio fue cancelada con recursos provenientes de la VI Emisión de Obligaciones de las compañías, conforme se encontraba previsto en los prospectos de oferta pública. “Como es de su conocimiento, la difícil situación que se encuentran atravesando las compañías ha impedido que puedan responder a todos sus acreedores, razón por la cual se inició un procedimiento preconcursal excepcional con la finalidad de que se puedan alcanzar acuerdos que permitan que la mayor cantidad de acreedores recupere la mayor parte de sus acreencias”.

Aunque las deudas de Delcorp y Ecuagran son muy elevadas como para pagarlas, solo en obligaciones y papel comercial tienen una deuda de 64 millones, muchas ya impagas, sin contar con las facturas comerciales y las deudas por grano que desapareció de sus silos y que reclaman empresas como Cargill y Ecuaquímica.

La Superintendencia de Compañías es clara sobre este tipo de operaciones (letras de cambio): “De forma general, el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar, en forma habitual, las actividades financieras reservadas para las entidades que integran dicho sistema”, señala la autoridad a una consulta realizada por Diario EXPRESO. Agrega que en cuanto “a la legalidad o ilegalidad de la captación de dinero a través de letras de cambio por parte de una compañía, la determinación de responsabilidades corresponderá a la autoridad competente en materia penal”.

El liquidador de Ecuagran, José Ibáñez Santos, dice que la Superintendencia pudo haber visto aquello en los estados financieros, en las auditorías, “pero no dijo nada de esto”. ¿Qué hacen las estructuradoras, las calificadoras de riesgo?, se pregunta.

LA FRASE

El 95 % de los llamados derechos fiduciarios están impagos y un porcentaje importante de otras obligaciones.

JUAN CARLOS RUEDA Director general del Isspol