“Responsabilidad de JJ no existe”
Dos abogados del exprefecto cuestionan a la Contraloría y el informe sobre los contratos
Leonardo Toledo y Francisco Fierro, abogados de Jimmy Jairala, deslindan cualquier responsabilidad de su cliente en los procesos de contratación que se firmaron durante su gestión. También cuestionan el trabajo que la Contraloría efectuó en el examen especial que analizó 25 procesos de contratación mediante la modalidad de cotización, y que abarcó los períodos de su defendido, de Mónica Becerra y de Carlos Luis Morales.
“En la administración de JJ, en 10 años como mínimo se firmaron unos 3.500 contratos. En un universo tan grande, creo yo que a él se le haría difícil identificar el nombre de una determinada compañía y poder determinar quiénes son los representantes, accionistas, gerentes y operadores de una empresa”, argumenta Toledo.
“Que se hable de Neutrofood y las otras compañías, eso es responsabilidad de quienes aparecen en esas empresas. Lo que ellos hayan hecho no es nuestra responsabilidad”, afirma.
Para Toledo, esos contratos necesitaban la venia del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). “Si siendo un ente regulador no ve un problema en una empresa, entonces cómo podemos nosotros presumir la existencia de un problema en la bendita compañía”.
El abogado aclara que aún no han sido notificados por la Contraloría sobre los resultados de la auditoría. “Una vez notificados nosotros tenemos las vías pertinentes para iniciar las acciones que creamos sentirnos asistidos, en la razón y el Derecho”.
Para Fierro, “este informe general es un documento que contiene un punto de vista unilateral por parte de la Contraloría, es decir que esto recoge las observaciones, correctas o incorrectas, que han hecho los auditores de los exámenes”, agrega.
El defensor de Jairala lanza sus dardos contra el organismo de control. “Hoy por hoy, la Contraloría se ha convertido en un ente de persecución, de retaliación, de extorsión y de chantaje, porque utilizan estos informes para perseguir a personas blanco de alto perfil, como Jimmy Jairala, pero en el camino van arrastrando a una serie de personas inocentes que no tiene ningún conocimiento o, pero aún, responsabilidad, en actos reñidos con la ley”, cuestiona.
Según él, Jairala no intervino directamente en los procesos de contratación examinados. “El prefecto provincial como máxima autoridad delega la ejecución, la firma, la fase precontractual y todo lo que tiene relación con estos contratos. Cuando se autoriza, es porque en una cadena de mando vertical se permite a los funcionarios delegar funciones a otros”, alega.