Llamado a la Fiscalía por los contratos de Guayas
El entorno político pide más control a las autoridades contra el mal uso de recursos.
La estructura conformada por cinco empresas relacionadas a una exfuncionaria de la Prefectura del Guayas que se alzaron con seis contratos valorados en más de 1,2 millones de dólares durante la gestión del exprefecto Jimmy Jairala puso la lupa sobre lo permeable que es el sistema de adjudicación de contratos y la poca eficiencia de los mecanismos de control previo.
La investigación de Diario EXPRESO publicada en su edición de ayer, según algunos de los consultados, refleja las fugas en el sistema de contratación pública y un intento más de una exautoridad de elección popular de evadir su responsabilidad. “Este es otro caso en el que un funcionario de elección popular trata de eximirse de la responsabilidad que sí tiene en el manejo completo de la institución y preocupa”, comentó la legisladora de CREO y segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa, Nathalie Arias, quien además cierne dudas sobre la efectividad del control previo a la adjudicación de los contratos. “Hay que pensar también en dónde está el rol fiscalizador de quienes forman parte del cuerpo colegiado dentro de la Prefectura”.
Arias se refiere a los consejeros provinciales que en pleno integran el máximo órgano del Consejo del Guayas. Luis Almeida, actual legislador de las filas del Partido Social Cristiano (PSC), fue consejero provincial en la época de Carlos Luis Morales y parte de la gestión de Susana González, y coincide con Arias en que la fiscalización es escasa. “Algunos no cumplen el rol fiscalizador. Yo sí lo cumplí... Debe haber más llamados de atención a los consejeros provinciales o cambiar la forma de elección y elegirlos directamente. Tiene que responder siempre el prefecto porque él es quien delega”.
La asambleísta de las filas de la Izquierda Democrática (ID), Wilma Andrade, precisa que si bien la Asamblea no tiene potestad para fiscalizar a las máximas autoridades de los gobiernos locales, hechos como los narrados en el artículo de EXPRESO empujan a analizar qué está pasando con todas las instituciones involucradas (la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio de Contratación Pública y otras) y su aparente falta de coordinación y control. “No es admisible que se burle a todas estas instancias y al parecer se haga mal uso de los recursos públicos, que a la postre deviene en falta de obras para los que más necesitan”.
Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, otrora aliado electoral de Centro Democrático, organización política fundada y liderada por Jairala, prefiere que las investigaciones que se iniciaron o que se vayan a iniciar sigan su rumbo respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. “La justicia no puede utilizarse para presionar a los actores políticos, porque eso no solo daña a una persona, sino a su familia y evidentemente al país”.
El líder del partido SUMA y excandidato presidencial, Guillermo Celi, apela a la justicia y los órganos de control para que transparenten este caso. “La transparencia es lo más importante en el manejo de la cosa pública en todos los niveles de gobierno y estamentos. Escándalo tras escándalo lo que genera es opacidad. Hay que transparentarse y demostrarse a las nuevas generaciones que hay que hacer política decente”.
El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, recordó que en abril de 2020 denunciaron la supuesta concesión de contratos a empresas fantasmas y el caso fue archivado en la Fiscalía Provincial luego de dos años. “La Comisión ha venido estableciendo acciones en medio de una enorme preocupación por el comportamiento de esa Fiscalía”.
LAS CIFRAS 25
PROCESOS de contratación de la Prefectura entre 2014 y 2019 fueron auditados por la Contraloría.
$ 1,2
MILLONES
en seis contratos fueron adjudicados a dos de las seis
empresas de la estructura.