Los `lobbies' buscan salir de la sombra
Los grupos de presión, que gastan millones en condicionar decisiones políticas, apuestan por transparentar su labor
Regular a los lobbies implica que los políticos se regulen a sí mismos... son parte de la ecuación.
MARÍA ROSA ROTONDO Presidenta APRI
Un irritado lobby nuclear avisaba esta semana al Gobierno y a los ciudadanos que si se retiran los beneficios que reciben las empresas por no emitir dióxido de carbono “sería imposible la continuidad de las centrales”. Otro destacado lobby de consumidores exigía sanciones para las eléctricas por la explosiva subida de la luz. Solo las tecnológicas, según un informe de Corporate Europe Observatory and Lobbycontrol, tienen en Bruselas un regimiento de 612 empresas, grupos y asociaciones que ejercen presión en Europa y que se gastan 97 millones de euros al año para hacer
llegar mensajes favorables al sector. Son, por encima de las farmacéuticas, petroleras, la banca o la industria química, las principales lobistas en un universo amplio, “pero profundamente desequilibrado” del cabildeo institucional, según el estudio.
Un elocuente ejemplo de ello está en España. La capacidad de grandes corporaciones para transmitir sus, por otra parte, legítimos mensajes, ha derivado en regulaciones o leyes que se han demostrado contrarias a normas europeas y han sido enmendadas en los tribunales tras largos y costosos procesos de reclamación por parte de ciudadanos.
Con su cultura de debates interminables para acordar lo imposible, Europa es la playa que los lobistas quieren encontrar bajo el asfalto. Los enormes presupuestos dedicados a la presión institucional tienen un impacto significativo en los políticos: más de 140 personas trabajan para las diez mayores tecnológicas cada día en la capital belga, un lugar donde hay tantos lobistas (49.059) como espectadores caben en el estadio de Mestalla (y 1.594 tienen acceso directo al
Parlamento). Pero los parlamentarios, funcionarios o asistentes comunitarios saben que no encontrarán a nadie detrás de una columna cuando caminen por el pasillo, porque su actividad se reconoce y regula desde los propios tratados de la Unión.
En España ocurre todo lo contrario: el reconocimiento de los grupos de interés sigue pendiente desde que se aprobó la Constitución de 1978. Lo sorprendente, explica María Rosa Rotondo, presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), es que establecer un terreno de juego donde fluyan las relaciones entre las partes interesadas y los representantes públicos es algo relativamente sencillo que goza de un amplio consenso social y hasta político. “El problema de regular a los lobbies es que implica que los políticos se regulen a sí mismos, porque ellos están en la ecuación”, ilustra.
EL DETALLE
Mercado. Solo en Bruselas, las tecnológicas suman 612 empresas, grupos y asociaciones dedicadas a ejercer presión en Europa, durante el debate de leyes.