En una sesión accidentada la fiscal explica una investigación
Oficialistas acusan a los correístas de buscar un juicio político a Salazar
Nadie quería dejar de lucirse. A la fiscal general del Estado, Diana Salazar, le tomó cerca de 30 minutos explicar en la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia de la Asamblea Nacional las razones por las que inició la investigación previa en contra de 93 legisladores.
Empezó aclarando que la entidad que dirige no puede decidir qué denuncias receptar y cuáles no. Tampoco podía abstenerse de iniciar la investigación aplicando la figura del principio de oportunidad, como han sugerido algunos asambleístas.
Dijo que en esta fase preprocesal lo que se busca es encontrar pruebas y evidencias para determinar si la denuncia tiene sustento y si se violaron las medidas cautelares que fueron otorgadas a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que es la denunciante.
Salazar reveló que, hasta el momento, Llori no ha reconocido su firma y tampoco ha comparecido a rendir su versión libre. También informó que el 6 de mayo la denunciante remitió un nuevo listado, ya no con 93 sino con 81 nombres de los que aprobaron la conformación de la comisión pluripartidista ad hoc.
“Esto sí le da a pensar a la Fiscalía que única y exclusivamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política, porque no tiene sentido que en un momento se denuncie a 93 personas, después a 81 y qué esperamos mañana, quizás que diga que fueron 70 o los 137”, cuestionó la fiscal.
Otro aspecto que llamó la atención es que si bien la investigación empezó el 29 de abril, recién el 6 de mayo los asambleístas fueron notificados. La fiscal dijo que la Policía deberá explicar el motivo de la demora. Les dijo que la investigación no violenta la inmunidad parlamentaria, pero que si se pasa a la fase de imputación, un juez nacional debería pedir la autorización al pleno de la Asamblea para avanzar en el procesamiento.
Sin embargo, las preguntas en la comisión, de mayoría correísta, giraron por más de una hora en torno a lo que ya había sido explicado. Solo Luisa González se salió del libreto y empezó a consultar y cuestionar la actuación fiscal en otros casos como Ina Papers o el envío de material antimotines a Bolivia durante el Gobierno de Lenín Moreno.
Aunque dijo que no era el motivo de la comparecencia, Salazar hizo una breve explicación de cómo avanzan esos casos, mientras González hacía gestos de desaprobación con su cara.
Luego vino otra tanda de preguntas, casi todas repetidas, y cerca de finalizar el interrogatorio empezó un intercambio verbal entre los integrantes de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) ahí presentes y los correístas, a quienes acusaban de querer llevar a juicio político a Salazar. Eso frenó la comparecencia, que se extendió más allá del mediodía, pese a que la fiscal había pedido celeridad.
EL DATO
De 93 a 81
asambleístas bajó el número de denunciados por la presidenta Llori por la conformación de la comisión pluripartidista ad hoc.