El Ejecutivo expide el Reglamento a Ley de Extinción de Dominio
Se emite 17 meses después desde que se aprobó la normativa
El presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió el Reglamento para la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, aprobada en enero del 2021 por la Asamblea Nacional y en vigencia desde el 14 de mayo de ese año.
La normativa establece el proceso que se deberá cumplir la extinción de un bien. Plazos y términos. En ese sentido, se determina que el juez que conozca sobre un pedido, bien sea hecho por la Procuraduría General del Estado o la Fiscalía, deberá aplicar acciones como la prohibición de enajenarlos. Cuando sea por conocimiento de una institución pública, la Fiscalía deberá presentar la solicitud al juez el pedido en un plazo de tres días después de haber recibido la información.
Para los casos en que exista un pedido de archivo de la investigación patrimonial por parte de la Fiscalía General, el juez correrá traslado a la Procuraduría para dentro de dos días. Si en el plazo de los tres días posteriores a la notificación, la PGE no presenta solicitud de control sobre el archivo, el juez acogerá el pedido de FGE y ordenará el archivo correspondiente.
La solicitud de medidas cautelares en la pretensión de extinción de dominio la podrá presentar un fiscal en cualquier momento de la fase judicial y el juez deberá pronunciarse en un término de tres días.
Así también, el Reglamento determina en una Disposición General Única que todos los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizados de explotación, procesamiento y comercialización de sustancias minerales, que sean incautados o decomisados dentro de procedimientos administrativos de acuerdo a la Ley de Minería, podrán ser utilizados para ejecutar obra pública durante el proceso.
El Decreto Ejecutivo con el Reglamento entrará en vigencia en 30 días contados desde su publicación en el Registro Oficial.
EL DETALLE
Responsable. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público coordinará la administración de los bienes decomisados.