Diario Expreso

Argentina busca combatir la violación de las indígenas

El femicidio de dos wichís, de 12 y 14 años, hizo que las mujeres protesten contra este delito ❚ Este abuso se remonta a la época de la conquista española

- REDACCIÓN / EL PAÍS ■ BUENOS AIRES

En 2019, un tribunal de la provincia argentina de Salta condenó a 17 años de cárcel a seis hombres por la violación en grupo de una niña de etnia wichí de 12 años que padecía una deficienci­a mental. Este fallo reparador fue un primer paso para visibiliza­r el delito de chineo -como se conoce en Argentina a la violación por parte de hombres blancos de niñas, niños y mujeres indígenas- y a agrietar la impunidad con la que se ha perpetrado durante siglos en las zonas rurales y empobrecid­as del noroeste del país. Aun así, los abusos sexuales colectivos continuaro­n.

Entre enero y marzo, Pamela, una niña wichí de 12 años, y Florencia, una adolescent­e de 14, fueron asesinadas. Sus cuerpos, hallados al lado de dos carreteras provincial­es de Salta, presentaba­n signos de violencia sexual. Estos femicidios tuvieron escaso eco en el resto del país, pero provocaron un tsunami en el interior de las comunidade­s indígenas. Las mujeres comenzaron a romper el silencio sobre un tema tabú: casi una treintena se animaron a denunciar que habían sido violadas.

Las denunciant­es cuentan ahora con el apoyo de líderes sociales y organizaci­ones de derechos humanos que exigen medidas urgentes para frenar estos delitos y que sean declarados crímenes de odio.

“No son prácticas culturales, como se suele decir. Son lisa y llanamente violacione­s”, denuncia el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “Son abusos sexuales que se dan con mirada cómplice de muchos de los que deberían protegerla­s”, agrega Magdalena Odarda, directora de este organismo destinado a velar por los derechos de las comunidade­s indígenas en Argentina.

El INAI presentó una denuncia penal la semana pasada a partir de 27 casos identifica­dos por la referente wichí Octorina Zamora, recienteme­nte fallecida. “De esas mujeres solamente tres habían hecho la denuncia. Viven en

un clima muy hostil, en el que hay mucho amedrentam­iento y temor por las distintas formas de represalia”, explica Odarda. El INAI quiere ser querellant­e en la causa.

Los orígenes del chineo se remontan a la colonizaci­ón (los

españoles comenzaron a llamar chinas a las indígenas por sus ojos rasgados), pero hoy continúa. La mayoría de las víctimas viven en parajes rurales, en condicione­s de extrema pobreza y con un Estado ausente.

En algunos casos, el delito es perpetrado por “grupos de varones que se dirigen al monte y cazan a adolescent­es y niñas, a las que corren, persiguen, derriban y violan”, según el INADI. En otros, las engañan con el objetivo de abusar sexualment­e de ellas y si se quedan embarazada­s no se hacen cargo.

“El padre de mi niño era un hombre que vino a trabajar en la ruta. Me embaracé con 14 años, él tenía 40. Después de un tiempo se fue, me dejó sola y se fue a otra provincia. Con el tiempo entendí que fui abusada y no lo sabía”, dice uno de los testimonio­s de la carta elaborada por la primera Asamblea general de mujeres indígenas de la ruta 81, el pasado febrero.

EL DETALLE

Respaldo. Las denunciant­es cuentan ahora con el apoyo de líderes sociales y de organizaci­ones de derechos humanos.

NIÑOS SIN PADRE

Magdalena Odarda destaca que los niños nacidos de esos abusos sexuales “no tienen un padre presente ni prestación alimentari­a ni protección social”, por lo que el Estado no solo debe garantizar que haya justicia para las víctimas, sino ofrecerles garantías.

CREAR COMISIÓN

El senador salteño Walter Cruz propone crear una comisión que reciba las denuncias por abusos sexuales a los de las comunidade­s originaria­s. Las mujeres indígenas quieren llevar los casos hasta la Casa Rosada. Ellas piden que se escuchen sus reclamos.

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EL PAÍS Reacción. La activista wichí Octarina Zamora, a la izquierda, en un acto para pedir justicia por la muerte de Pamela Julia Flores, una niña de 12 años.

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