El deterioro del país y el paro marchitan la confianza externa

INVERSORES. Sube el riesgo país a 944 puntos, el más alto del periodo de Lasso

Antes de llegar al poder, Lasso fue bendecido por los mercados internacionales con la relajación significativa de la cifra con la que miden el riesgo de los países a la hora de cumplir sus obligaciones con los inversores: el riesgo país. Un año después, con la presión de los precios desorbitados por el petróleo, la crisis logística mundial y la guerra de Ucrania, el indicador ha pegado un salto en una semana de 100 puntos. Las paralizaciones en la zona de la Sierra y las protestas junto con la subida de tasas de EE. UU. castigan la confianza externa en Ecuador y los inversores ahora exigen más rentabilidad al país.

EL DATO

Efectos. Además de ser un termómetro de la confianza, la subida del riesgo país implica que si Ecuador coloca deuda para financiarse le saldrá más caro.

Al inicio de su mandato, el presidente de la República, Guillermo Lasso, aseguró que trabajaría para lograr que la caída del riesgo país sea una realidad. No obstante, un año después, diferentes circunstancias han sido un traspié para ese objetivo. Todo lo contrario, esta semana ese indicador se elevó a 944 puntos, la cifra más alta que haya registrado su Gobierno.

La inestabilidad política, económica y social que atraviesa Ecuador, que en esta última semana se ha puesto de manifiesto con los efectos del paro, ha vuelto a sembrar la desconfianza y preocupación de los tenedores de deuda local e inversores internacionales, quienes para tomar precauciones han empezado a exigir al país mayores tasas de rentabilidad. “¿Qué hemos visto en esta semana? Que si los bonos del Ecuador 2030 se negociaban a una tasa de rentabilidad del 9,1 %, hoy esos mismos bonos se están negociando a una tasa del 10,3 %. Si vamos a bonos de más largo plazo, tenemos que esa tasa pasó de 11,8 a 13,3 %”, explicó ayer Santiago Mosquera, analista económico y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Las Américas (UDLA).

Esa preocupación, señalo, se da porque la actual manifestación lleva a recordar los acontecimientos del paro de octubre del 2019, que llegó a generar una fuerte reducción en el precio de los bonos del Ecuador. El temor es que la protesta evolucione y tenga consecuencias similares. “No se sabe qué va a pasar, si el gobierno va a aceptar las condiciones que están proponiendo los indígenas, si va a soltar más dinero que pueda afectar la sostenibilidad fiscal. Dado ese escenario, se considera que hay más riesgo y por ello se exige más”.

Eso, añadió, es lo que llevó a que el pasado martes y miércoles el riesgo país, el indicador elaborado por el banco estadounidense JP Morgan para medir las posibilidades de pago de deuda de una nación, se eleve 100 puntos en esta semana.

Pero no fue el único motivo. Alejandro Arreaza, economista para América Latina de Barclays, coincide con Mosquera en creer que en esto también influyó la política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos de elevar los tipos de cambio, como método para ayudar a frenar la inflación de los mercados. La entidad estadounidense los incrementó el pasado 15 de junio en un 0,75 %, el incremento más alto desde 1994.

Arreaza aclaró que este último factor también fue determinante para elevar el indicador de otras naciones. Para el caso de Ecuador, añaden los expertos, esto no tendrá un efecto directo sobre el país porque, por los altos precios de crudo (el barril llegó ayer a los $ 117), no requiere salir ahora mismo al mercado a emitir más deuda y financiarse. Esto termina afectando a aquellos que ya habían comprado la deuda de Ecuador y que, de querer venderla, van a tener que hacerlo a precios más bajos y con tasas de rentabilidad más altas.

“También el sector privado que busca financiamiento fuera. Igual si tenías inversiones de proyectos que se fuesen a hacer en Ecuador, la viabilidad financiera será más alta”. Eso, dijo Arreaza, podría afectar la inversión.

Un escenario en contra que tiende a alargarse hasta que no se conozcan los términos de una posible negociación entre el Gobierno y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades

Indígenas del Ecuador (Conaie), que podrían llevar al Estado a tener que elevar nuevamente su gasto fiscal, una de las mayores correcciones que ha tenido que aplicar el actual régimen para salir del abultado déficit, una de las causas de la inestabilidad económica.

“Lo que preocupa a los inversionistas es que el Gobierno se comprometa a aumentar el nivel de gasto, a través de mayores bonos, algún tipo de control de los precios de derivados de petróleo en el mercado local, condición de nuevos créditos, eliminación de cartera vencida”, manifestó Mosquera.

La pregunta es si esta protesta terminará en una situación similar a la de 2019.

SANTIAGO MOSQUERA, analista económico

Sobre si esto afectará al programa económico que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que entre sus condiciones tiene el guardar un equilibrio fiscal, los especialistas creen que eso no sucederá. Mosquera opina que los ingresos petroleros aún le dan cierto margen de maniobra al Gobierno para aumentar el gasto sin comprometer lo acordado. De ahí que el programa debería seguir su curso, incluyendo el desembolso de los 1.000 millones de dólares de financiamiento que se esperan para este mes.

Arreaza tiene un criterio parecido. Para él, la negociación con el organismo internacional está dada y debería llegar a su término a fines de este año.