Manifestaciones pacíficas
El Ecuador es un Estado unitario, plurinacional y multiétnico organizado en forma de república, cuya representación legal la ejerce el presidente de la República, quien gobierna para más de 17 millones de habitantes, no solo para un 6 % que se considera indígena.
Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse; el Estado garantiza la libre expresión y esta no debe ser objeto de investigaciones, juicios o detenciones, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, algún delito, o perturbar el orden público.
Un paro nacional con cierre de vías no es una manifestación pacífica, utiliza la paralización de la fuente de producción y de trabajo colectivo mediante una medida de fuerza, impidiendo la libre circulación nacional para causar caos, anarquía y terror a la población, desabasteciendo los mercados de alimentos.
La protesta social es la forma de manifestar y expresar públicamente opiniones e ideas, exponiendo los problemas que afectan a dichos sectores, pero para ejercer plenamente ese derecho deben cumplir condiciones y deberes, como no vulnerar ni atentar los derechos de otras personas y que sean pacíficas.
No son pacíficas las manifestaciones que cierran carreteras a nivel local y nacional, impidiendo el ejercicio del derecho de libre tránsito de otras personas y obligando a cerrar los centros de estudio, trabajo, producción; destruyendo bienes públicos y privados, desperdiciando y arruinando el acopio de alimentos.
No son pacíficas cuando en tumulto, pandilla y armados, asaltan pozos de producción petrolera, haciendas de sembrío, fábricas, almacenes, centros de acopio y venta de alimentos; generando caos, anarquía y terror a toda la ciudadanía, para que no salgan a laborar ni a sus gestiones normales, paralizando la producción del país, afectando a toda la población. Sus autores materiales, tanto como los instigadores, planificadores, promotores y autores intelectuales deben ser investigados, detenidos, enjuiciados y sancionados con todo el rigor de la ley, por la comisión de delitos de grave connotación nacional.