DIANOVA MARCÓ LAS DISTANCIAS

■ En su ascensión, la multinacional de los drogodependientes encadenó controversias. En 1987, Engelmajer declaró en un juzgado de Valladolid por usurpación de la patria potestad de una niña de 12 años en un centro de acogida de la organización en esta provincia. Y en 2017, afloró que un edificio de Dianova subvencionado por la Comunidad de Madrid acogía bajo unas mismas instalaciones a toxicómanos y refugiados. Dianova insiste en marcar las distancias con la institución cuyo relevo cogió, y de la que heredó millones en activos financieros y centenares de propiedades. “La asociación a la que represento no tiene nada que ver con El Patriarca”, asegura Hansen. La ONG Dianova, que ingresó entre 2014 y 2016 un total de 10,5 millones de dinero público en España, mantiene un convenio con la Generalitat de Cataluña (Departamento de Asuntos Sociales) para tratar a 22 adultos con adicciones. También tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para atender a ocho personas con deterioro cognitivo y recibe subvenciones de la Comunidad de Madrid (Consejería de Asuntos Sociales) por gestionar 14 plazas en un centro de menores con trastorno de comportamiento. Con unos ingresos de 3,1 millones de euros (el 17% de subvenciones públicas) en 2020, según su última memoria, la delegación de Dianova en España forma parte de un engranaje internacional con sede social en Ginebra, la ciudad que acogió la telaraña de cuentas que ocultaron los fondos de El Patriarca. La directora de esta ONG, una entidad que dice estar comprometida con la lucha contra la pobreza “en todas sus formas”, explica así esta coincidencia: “Se eligió seguir con la sede en Suiza porque este país tiene una vocación muy internacional con organismos como Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.