El Ejecutivo frustra la derogatoria de decreto
El Gobierno reemplazó el estado de excepción que emitió el viernes ❚ En la Asamblea se habla de revocar la nueva norma
La Asamblea Nacional se quedó ayer con las ganas de derogar el estado de excepción que emitió, el viernes pasado, el presidente Guillermo Lasso para enfrentar las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Mientras los legisladores escuchaban en comisión general a ciudadanos que se manifestaban en contra y a favor de la medida, empezó a circular el nuevo Decreto Ejecutivo que reemplazó al 455 que pretendían dar de baja las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik y cinco disidentes de Izquierda Democrática (ID).
En los rostros de los asambleístas opositores se veía cierto desconcierto mientras se enteraban de lo que estaba sucediendo, mientras que en el oficialismo había sonrisas por ‘la jugada maestra’ del Ejecutivo que amplió el estado de excepción a Chimborazo, Tungurahua y Pastaza que se unieron a Pichincha, Cotopaxi e Imbabura.
Además, marcó una diferencia con el anterior, al disponer la prohibición de asociación y reunión de las manifestaciones en hechos violentos y exceptuando las protestas pacíficas y otras actividades que no ahonden la crisis que vive el país.
El correísmo buscó una salida. El legislador Cristóbal Lloret pidió al secretario de la Asamblea que certifique si oficialmente fueron notificados con el nuevo decreto. “No se ha recibido notificación por parte de la Presidencia de la República”, fue la respuesta del secretario Álvaro Salazar.
“Por lo tanto tiene plena vigencia la posibilidad de nosotros seguir debatiendo con respecto a este Decreto Ejecutivo (el derogado por Lasso). Mientras no sea notificado por la Asamblea Nacional conforme lo establece la Constitución. Sabemos de las jugarretas del Gobierno”, dijo.
Pero Lloret fue más allá. Dijo que el presidente Lasso al reconocer en sus decretos que el país atraviesa una grave crisis y conmoción social automáticamente activa mecanismos como el enjuiciamiento político al primer mandatario y la muerte cruzada.
En tanto, la asambleísta oficialista Ana Belén Cordero recordó que el mandatario puede notificar el decreto hasta 48 horas después, es decir, hasta el miércoles 18:30. “Luego podrá la Asamblea, juntando las firmas correspondientes, si así gustan, solicitar una nueva revocatoria (…) si gustan seguir debatiendo sobre algo que ya no existe, háganlo con todo gusto”, señaló.
Y eso sucedió. El presidente Virgilio Saquicela no suspendió el punto y abrió el espacio para el debate el mismo que se desarrolló, pero sin la misma intensidad que habría significado que la normativa esté vigente.
La mayoría de legisladores reconoció, sin decirlo directamente, que era un sinsentido continuar hablando del tema, pese a lo cual el debate continuaba al cierre de esta edición por más de hora y media. Lo que sí pidió el asambleísta Peter Calo, de Pachakutik, es que una vez que llegue la notificación del nuevo decreto se convoque inmediatamente a otro pleno para eliminarlo.
A los exteriores de la Asamblea llegó un grupo de ciudadanos que apoyaba el estado de excepción decretado por el Gobierno, la semana pasada, que se retiraron una vez que conocieron que había un nuevo documento.
También, manifestantes que se oponen a la gestión de Lasso. Todos fueron observados atentamente por el fuerte contingente de policías y militares que se apostó en el edificio legislativo.
LA CIFRA 72 ASAMBLEÍSTAS
firmaron la solicitud para tratar en el pleno el primer decreto de estado de excepción.