Procesados por atentar contra servicios
Los aprehendidos podrían enfrentar hasta tres años de cárcel
Cerca del mediodía de ayer, la Fiscalía General del Estado informó que se procesaron a 14 personas en la provincia de Orellana, a través de su cuenta de la red social Twitter.
Según el comunicado, esa institución los acusó de paralizar un servicio público, como parte de los incidentes que se han registrado desde el lunes 13 de junio, en las jornadas de la movilización indígena, cuyos efectos se sienten con mayor fuerza en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. Los cierres de vías y otros hechos violentos también se han registrado en provincias del Oriente y de la Costa, como Pastaza o Santa Elena.
“A 6 (aprehendidos) se les dictó prisión preventiva y a los 8 restantes presentaciones periódicas. Fueron aprehendidos la madrugada de este domingo”, se detalló en la comunicación de la Fiscalía.
En los últimos reportes que han ofrecido instituciones del Gobierno y organizaciones sociales, se han registrado más de 40 detenciones y hay más de 80 heridos, en el contexto del paro nacional.
Durante los ocho días de la movilización, el Gobierno ha denunciado el ingreso de manifestantes a instalaciones petroleras y el cierre de pozos, por ejemplo. Según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público será sancionada con penas de hasta tres años de prisión.