El combate a la inseguridad, un desafío fundamental

Varias décadas atrás, nuestros gobernantes de turno dejaron una deuda de dolor y sangre en nuestra población, al incumplir con sus responsabilidades frente a la ola delincuencial y criminal, dándole ventaja a la impunidad para teñir de sangre el territorio nacional.

A la mayoría de los anteriores gobiernos les faltó firmeza y determinación para combatir la estampida delincuencial y criminal. Considero que exceptuando el gobierno de Febrescordero, ningún otro fue capaz de tomar definiciones y se escudaron en discursos vacíos de la seguridad ciudadana, demostrando sus falencias y sus equívocos, que terminaron por desnudar sus faltas de convicción para actuar contra la delincuencia común y organizada.

El índice de criminalidad en lo que va del 2022 coloca al Ecuador entre los países más violentos de la región, haciendo ver que Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas y con violencia cada vez más alta en contra de los ciudadanos. Al parecer, esto no tiene importancia para las autoridades, porque en lo que va del año ya suman centenares de crímenes, incluyendo las revueltas provocadas que se han dado en las diferentes cárceles del país, donde todos los crímenes quedan en el pozo de la impunidad.

Pero mientras cada día se suscitan hechos delictivos, las autoridades nacionales o locales no tienen ni la convicción ni el carácter para enfrentar a esta ola delincuencial y criminal que nos acecha, instaurando así una de las peores amenazas al Estado de derecho de los últimos años.

Si las diversas fuerzas políticas no se comprometen a enfrentar la actual crisis de inseguridad, el número de víctimas va a ir en aumento, hasta llegar a niveles escandalosos, donde se vean arrinconados ellos mismos, creando una anarquía social y socavando la misma democracia.

Esta violencia social ya no es atribuible a los anteriores gobiernos, que sí son culpables de su galopante crecimiento, pero ya no se puede seguir culpando a esos fantasmas que gobernaron mal el país. Hay que comenzar a gobernar sin dar tregua a ningún delito. Cuando un Estado dilata acciones en seguridad, ¡se convierte en cómplice de la violencia y el delito!