¿A quién le conviene hacernos creer que Lasso es el enemigo?

Es lamentable el deterioro del poder, el bajo nivel ético de algunos que lo ostentan, la falta de carácter de otros, el abuso por ignorancia de muchos y la ausencia de criterios de la mayoría. El poder del Presidente de la República está desgastado, así el de los asambleístas, que dicen representar nuestros intereses y no son capaces de solidarizarse con las situaciones cotidianas que atravesamos; solo miran lo que les conviene: destituir a un presidente que es lo que más se acerca al poder democrático que respeta la independencia de Poderes. Quieren sentarlo en el banquillo de los acusados políticamente (el pueblo no ve diferencia entre lo político o penal), por peculado, es decir por malversación de recursos públicos que no fueron tomados por él, sino por uno de sus funcionarios (prófugo). Pagamos por cada asambleísta alrededor de $15.000 mensuales (viáticos, vivienda, asesores, consultores, asistentes, etc.). Son 137 asambleístas por 15.000, y suman $ 2’055.000 al mes que pagamos con nuestras contribuciones. Este congreso ha aprobado o modificado cerca de 44 leyes en 25 meses en funciones; así cada ley nos ha costado cerca de $ 1’167.613. El dinero que se destina a mantener una Asamblea carente de preparación (salvo excepciones) está mal invertido; es hora de replantear su utilidad o fiscalizar su trabajo y ver su productividad y beneficio para el Estado. El que no aporta, que se vaya a su casa.

El Poder Judicial es otro con muy poca objetividad y coherencia. Muchos jueces (y quiero pensar bajo amenazas) liberan a delincuentes y restituyen beneficios a políticos que cumplen condenas por corrupción. Esto no puede pasar inadvertido, se necesita crear una ley que prive a los jueces o abogados del derechos a ejercer su profesión y cualquier función pública si se comprueba que han incurrido en estas faltas. El vocal principal de la Judicatura parece no entender sus funciones y se ha unido a censurar el trabajo del presidente de la República. El cargo que ejerce no es una plataforma política, debe concentrarse en transparentar la Función Judicial. A los indígenas alguien debe hacerles entender que no representan a la mayoría. No es momento de exigencias y amenazas. Es necesario crear espacios de debate en todos los ámbitos posibles, para que quienes quieran involucrarse en la representatividad del pueblo tengan ideologías, criterios y valores éticos bien formados.