Diario Expreso

Juicio político: una prueba no incluida centra el debate

La Contralorí­a confirma un examen especial al manejo de Flopec

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Aunque no es parte de las pruebas de cargo, los cuatro proponente­s del juicio político al presidente Guillermo Lasso centraron ayer sus esfuerzos sobre el borrador de un Informe de Responsabi­lidad Penal (IRP) de la Contralorí­a General del Estado que finalmente no fue aprobado.

A la Comisión de Fiscalizac­ión de la Asamblea Nacional acudieron Manuel Mesías, director nacional de Auditoría de la Contralorí­a, y luego el contralor general, Carlos Riofrío. El primero explicó que un examen especial que se hizo a la Flota Petrolera Ecuatorian­a (Flopec), en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, determinó un perjuicio de 6,1 millones por el contrato con la privada, Amazonas Tankers.

Esto generó una serie de conclusion­es y recomendac­iones, pero también responsabi­lidades administra­tivas y civiles que fueron comunicada­s a quienes eran auditados, entre otros, a quien ejercía como gerente de la estatal, Jhonny Estupiñán.

El informe fue aprobado en noviembre de 2021, cuando Lasso ya era presidente, pero Mesías dijo que ese documento, por obvias razones, no llegó a conocimien­to del mandatario de parte de la Contralorí­a. “(Se notifica) Exclusivam­ente al personal de la entidad auditada”, señaló.

El funcionari­o reconoció que hubo un borrador de IRP que no superó los filtros de la unidad competente de la Contralorí­a, por lo tanto no se determinó que hubo peculado u otro delito, por lo que no se envió a la Fiscalía General.

“¿Por qué no se aprobó?” fue la pregunta repetitiva de Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (Pachakutik), Rodrigo Fajardo (ID), y Mireya Pazmiño.

“Porque era solo un proyecto”; “porque luego de reuniones de varias áreas se determinó que lo que señalaba el documento no era suficiente y competente”; “porque no toda responsabi­lidad civil conlleva una responsabi­lidad penal”, trató de explicar Riofrío, pero ninguna respuesta fue satisfacto­ria para los legislador­es opositores.

Edgar Neira, abogado designado por Lasso para este proceso, rechazó que se insista en un informe que no es parte del expediente y tampoco es un documento público. “Hasta hace pocos días la posición de los acusadores era que no interesaba que hubiere o no hubiere el cometimien­to de un delito. Sucede que ahora han cambiado de opinión y les resulta más cómodo empezar a afirmar, a partir de un borrador, que habría habido indicios de responsabi­lidad penal”, cuestionó Neira.

Veloz, sin embargo, aseguró que eso sí fue incluido como pruebas de oficio por los asambleíst­as de la Comisión de Fiscalizac­ión. Algo que fue refutado por su presidente, Fernando Villavicen­cio, cuya presidenci­a está apelada.

Otro punto clave es que en las conclusion­es de este examen especial tampoco se recomendó poner fin al contrato con Amazonas Tankers, sino hacer ajustes y mejoras para que cualquier cambio de modalidad del contrato se la haga con base a informes económicos y técnicos y que se emita un informe económico y legal para ver la convenienc­ia y continuida­d del contrato.

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GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO Informació­n. Riofrío dio a conocer que este mes inició un examen especial al seguimient­o de recomendac­iones.

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