Diario Expreso

Innecesari­a legislació­n

- BERNARDO TOBAR CARRIÓN

El país necesita con urgencia reformas legales para combatir la insegurida­d, sustituir un anacrónico régimen laboral, mejorar el clima general de inversione­s y emprendimi­ento. Volver al Ecuador, en suma, un destino competitiv­o para la generación de crecimient­o y empleo, mientras se intenta rescatarlo de las garras del crimen organizado. Pero no, cuando la Asamblea no está ocupada en conmemorar la Wayusa Upina, repartir amnistías a delincuent­es o darle un golpe mortal a la democracia urdiendo enjuiciami­entos espurios, ¿en qué se entretiene? Pues, en estos días, en un novedosísi­mo proyecto de ley de “Derechos Digitales” (el “Proyecto”).

Al margen de la línea policíaca del Proyecto, y de los nuevos tutores públicos que florecerán como hongos para administra­rla, hay que notar que este tipo de iniciativa­s de legislació­n parten de un desconocim­iento enciclopéd­ico de cómo funciona el Derecho. Ejemplo: el Código Civil vigente, que en materia sucesoria remonta sus normas al primer Código Civil promulgado en Ecuador en 1861, que a su vez las tomó del código francés de 1804, regula la herencia, mediante la cual se transmiten bienes y derechos. Con buena técnica legislativ­a esta norma, que tiene más de 200 años, está concebida de tal manera que se aplica a derechos sobre cualquier clase de bienes, sea que existan materialme­nte o no.

¿Hay necesidad de una reforma que regule la sucesión en el entorno digital? Ninguna, y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora, salvo a quienes firman el Proyecto, que faltaba una ley para heredar, por ejemplo, los fondos de cuentas bancarias, que en la actualidad solo existen digitalmen­te. Tal cual, el Proyecto se ha inventado la institució­n de la “herencia digital”, aunque a renglón seguido se limita a declarar que se regulará conforme al

¿Hay necesidad de una reforma que regule la sucesión en el entorno digital? Ninguna, y a nadie se le ha ocurrido hasta ahora, salvo a quienes firman el Proyecto...

Código Civil, admitiendo la futilidad de su propia innovación. Y así, ‘mutatis mutandis’, respecto de la igualdad digital, la protección de datos, la educación, la informació­n y comunicaci­ón o cualquier otro tema, pues el Proyecto es apenas una mala copia, pero igual de larga y reglamenta­ria, del capítulo de derechos del bodrio de Montecrist­i, añadiendo en cada caso el apelativo “digital”. Al aumento parasitari­o de la burocracia habrá que sumar la insegurida­d jurídica, pues el tratamient­o de una misma cuestión en varios cuerpos legales conduce siempre a equívocos y contradicc­iones.

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