Ecuador tiene razón PERO LA PIERDE
Al principio, fue México el que violó los tratados internacionales. Y Ecuador era su víctima. Al final, se invirtieron los papeles
SIN PRETEXTO El principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas no conoce excepciones. Los miembros de la OEA se comprometieron a no invocar normas internas para transgredirlo.
No hay excepciones al principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas codificado en el artículo 22 de la Convención de Viena. En 1961, cuando la Comisión de Derecho Internacional y la Conferencia de Viena preparaban el texto final de ese tratado, hubo varios intentos de establecer un régimen de excepciones para el artículo 22; entre otras cosas se estudió, específicamente, la posibilidad de levantar la inviolabilidad de las embajadas en los casos de violación a las reglas del derecho de asilo, es decir, cuando las sedes diplomáticas se utilizan de manera inadecuada para proteger a personas que pretenden escapar de las acciones de la justicia. Esta excepción y algunas otras que se propusieron fueron expresamente negadas. Y si en ese entonces quedaron ciertas dudas, con el tiempo y la práctica internacional se fueron disipando, al punto de que, en 2020, la Corte Internacional de Justicia estableció que el principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas es una “restricción soberana”, es decir: garantiza una protección que afecta la propia soberanía del Estado. No se puede, pues, invocar razones de soberanía para echarlo abajo.
Hay más: en 2012, los ministros de Relaciones Exteriores de la OEA ratificaron el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, sin excepciones, y reiteraron el compromiso de todos los Estados miembros de “no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones”. Al respecto, la doctrina internacional establece que no le corresponde al Estado receptor juzgar las circunstancias excepcionales que le permitan transgredir el principio de inviolabilidad. En julio de 2021, a la luz de la experiencia ecuatoriana con Julian Assange, asilado en Londres hasta poco antes, la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la OEA volvió a ratificar estos principios durante una sesión convocada para “reflexionar colectivamente sobre la inviolabilidad de las sedes diy plomáticas como principio de las relaciones internacionales”. Del informe oficial de esa sesión provienen los datos históricos y jurídicos citados en este párrafo y el anterior.
El viernes por la noche, el gobierno de Daniel Noboa echó abajo toda esa doctrina. En el comunicado oficial que la Presidencia de la República emitió minutos después de que la fuerza pública ingresara en la Embajada de México para capturar al prófugo Jorge Glas, el Gobierno aduce razones de soberanía para justificar esa transgresión, lo cual explícitamente estableció la Corte Internacional de Justicia que no es legítimo; invoca normas de derecho interno para explicar su conducta, cosa que el Estado ecuatoriano se había comprometido ante la OEA a no hacer; se adjudica, por sí y ante sí, la potestad de juzgar las circunstancias excepcionales que le permiten irrespetar los tratados internacionales, en contradicción con 60 años de jurisprudencia y de doctrina; finalmente, y como principal argumento, alega la violación de las normas del asilo por parte de México, lo cual es cierto, pero fue específicamente negado por la Conferencia de Viena como razón suficiente para irrumpir en una embajada. En suma: cuando el caso llegue a la Corte Internacional de Justicia, cosa que ocurrirá inmediatamente, según anunció la misma noche del viernes la canciller mexicana, Alicia Bárcena, Ecuador tendrá todas las de perder.
Insólito desenlace para un asunto que había comenzado exactamente al revés: con México como violador de los tratados internacionales, acogiendo en calidad de huésped a un prófugo de la justicia con sentencia ejecutoriada por delitos de corrupción al que tenía la obligación de entregar, y Ecuador como víctima de ese atropello. Todo esto en concordancia con las afinidades ideológicas del Gobierno mexicano, cuya canciller es amiga y admiradora declarada de aquel otro gran prófugo de la justicia ecuatoriana, el expresidente Rafael Correa. De hecho, no es exagerado afirmar que esta crisis diplomática entre ambos países empezó a gestarse en 2019, cuando el gobierno de Manuel López Obrador no solo acogió como refugiados a un puñado de golpistas que alentaron la tentativa de derrocar al gobierno de Guillermo Lasso, sino que les ofreció una sede segura para sus conspiraciones: lo que en los años sesenta era Cuba con respecto a las democracias del continente, ahora es México. Mejor aún, porque México tiene todas las ventajas que el sistema capitalista ofrece para tan dignos representantes del socialismo de champán con caviar (o de mole con guajolote, como se prefiera) como son Gabriela Rivadeneira o Ricardo Patiño.
Nada de esto ocurriría si el gobierno de Daniel Noboa hubiera reaccionado a tiempo. Pero el 17 de diciembre, cuando Jorge Glas se refugió en la embajada, su alianza con correístas socialcristianos estaba fresca; su agenda parlamentaria, virgen; sus posibilidades electorales, intactas. Optó, entonces, por la inacción. “Lo que decida el Gobierno mexicano -declaró entonces la ministra Mónica Palencia, en un alarde de obviedad y de complacencia para con el gobierno de López Obrador- será su decisión política”. Que la Cancillería ecuatoriana exija recién ahora la devolución del reo suena tremendamente extemporáneo: debió presentar esa reclamación de inmediato, el mismo 17 de diciembre. Porque lo que estaba haciendo México al acoger a un prófugo sentenciado por delitos comunes era poner en cuestión el sistema de justicia y la labor de la Fiscalía, lo cual en sí mismo es una intromisión inaceptable. Todo ocurría como si Jorge Glas fuera una carta que el Gobierno prefería tener reservada para cuando le hiciera falta: una negociación con el correísmo, por ejemplo, o un golpe de efecto ante la opinión pública.
Finalmente, fue esto último: el golpe de efecto. Primero, vino la reacción de Noboa a las desatinadas declaraciones de López Obrador sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Declaraciones insensibles que repetían el argumento correísta. Pero si Javier Milei y Gustavo Petro se manejaran con igual susceptibilidad ante todo lo que se han dicho, Colombia y Argentina estarían en guerra. Declarar ‘persona non grata’ a la embajadora Raquel Serur, una de las más finas diplomáticas extranjeras que ha servido en el país, empeñada, además, en contener la concesión de asilo a Jorge Glas y en evitar su fuga, fue una desproporción. Ordenar la incursión militar en la embajada, una temeridad. Pero un gesto impagable para la galería: de un golpe Noboa logró desvanecer las sospechas de su complicidad con el correísmo y dar ejemplo de mano dura en su lucha contra la corrupción y la delincuencia. En la escala de valores bukelista que predomina en el país del conflicto armado interno, todo un acto de heroísmo. No es extraño que los dibujos de un Noboa con los testículos gigantes inundaran las redes sociales. De testosterona va la cosa. Porque hay que hacerse respetar, aunque sea a las patadas.
EL EFECTO
La incursión militar en la Embajada fue una temeridad. Y un gesto impagable para la galería. Noboa logró desvanecer de un golpe la sospecha de complicidad con el correísmo.