Desmesuras diplomáticas

La política ecuatoriana actual está marcada por profundos enfrentamientos de posturas extremas, de anticorreístas vs. correístas, o personalidades excesivamente narcisistas o protagonismos de empresarios mediocres, que han distorsionado la comprensión del quehacer político y opacado el deterioro del sistema de partidos, lo cual agudizó un dañino nacional populismo construido por el mercadeo electoral y sus baratillos de ofertas de imposible cumplimiento, como de ciudadanos engañados fácilmente por su avidez de cambios y necesidades insatisfechas.

En este escenario se produce el inesperado logro del candidato Noboa, con su ascenso al segundo lugar en primera vuelta e indiscutible triunfo en el balotaje. El imprevisto éxito conllevó al nuevo mandatario a improvisar y rodearse de ministros sin ninguna experiencia en los cargos asignados. Se agrega la herencia de una caja fiscal vacía de parte del renunciante banquero; por ello inició su gestión con leyes fiscalistas que incumplían una de sus ofertas, no elevar o crear impuestos, para hacer frente a su confusa formulación del plan Fénix -documento no conocido hasta hoy- para enfrentar la inseguridad generada por la narcocriminalidad. Paralelamente, convocó a una innecesaria consulta plebiscitaria para hacer cambios constitucionales y legales, que más es un mecanismo de medición de popularidad y para las presidenciales de febrero de 2025.

Lo reseñado permite comprender, por ejemplo, los graves problemas incurridos por el régimen a nivel diplomático; hay una larga lista. La ministra Sommerfeld no da pie con bola. La última perla cultivada es la invasión brutal por la fuerza pública a la embajada de México para capturar al asilado exvicepresidente Glas, sentenciado judicialmente, por temor al riesgo de fuga e impunidad. La inviolabilidad de una embajada es una de las normas más antiguas del ordenamiento internacional, existió de forma consuetudinaria hasta convertirse en derecho positivo. Principio básico y universalmente respetado, no acepta ninguna excepción. Incluso la Convención de Viena establece que “ningún Estado podrá invocar normas de derecho interno para incumplir el tratado” (art. 27, de 1969) (Continuaremos).