La arriesgada labor de investigar la corrupción en la Ucrania en guerra
Periodistas dedicados a supervisar a la Administración advierten de la coacción y las restricciones ❚ Oenegés denuncian uso de ciertas fórmulas para intimidar
Ilia Vitiuk era un hombre afable y carismático cuando el 7 de febrero en Kiev. Vitiuk era el jefe de Ciberseguridad de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU). Con este diario habló de los ciberataques rusos durante la invasión de su país, un tema que domina y con el que se sentía cómodo. Menos amable fue con Yevhen Shulhat, periodista del medio Slidstvo Info, que el 4 de abril reveló unas presuntas operaciones irregulares inmobiliarias de la familia de Vitiuk. Tres días antes, mientras Shulhat investigaba el caso, fue acosado por dos soldados y un agente del SSU: lo identificaron por sorpresa mientras visitaba un centro comercial para conminarle a que se alistara en el ejército. Slidstvo Info pudo descubrir, gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, la identidad del oficial del SSU que dirigió la operación, un hombre próximo a Vitiuk. Fue cesado de su cargo el 1 de mayo por el presidente, Volodímir Zelenski.
El periodismo de investigación es un oficio de riesgo en Ucrania hace décadas. La muerte en 2000 del fundador del diario Pravda, Gueorgui Gongadze, fue un escándalo nacional que puso contra las cuerdas al presidente Leonid Kuchma. Gongadze investigaba la corrupción en el Gobierno y fue asesinado por cuatro policías. Su diario es hoy un medio de referencia del país en la supervisión del poder, y su figura es un icono del esfuerzo de la sociedad ucrania para democratizar el sistema. Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales advierten ahora de que la impunidad ha ido a más durante la guerra.
La diferencia es que Ucrania está hoy más que nunca bajo la lupa internacional. Su condición de candidato para acceder a la UE supone un salto adelante en la lucha contra la corrupción y en la transparencia institucional. Y sus aliados europeos, pero sobre todo EE.UU., exigen medidas de control y monitorizan dónde van a parar las decenas de millones de euros que se transfieren a Ucrania en ayuda financiera y militar.
Un total de 16 entidades de defensa de los derechos humanos publicaron el 12 de abril un manifiesto en el que alertaban al Gobierno y al poder judicial sobre la práctica cada vez más frecuente de denunciar a activistas y a periodistas por supuestamente incumplir la obligación de incorporarse a filas. El manifiesto, que nombra a dos activistas y a cuatro reporteros afectados por esta práctica en los últimos meses, indica: “Con esta estrategia de desacreditar a activistas y periodistas de investigación, las fuerzas del orden violan la presunción de inocencia y manipulan la cuestión de la movilización. Estas acciones son inaceptables y de forma deliberada cambian el foco de la atención pública”. El texto subraya que estas presiones “desacreditan a Ucrania a nivel internacional y hacen el juego a la propaganda rusa que difunde la narrativa de un país (Ucrania) autoritario y antidemocrático”.
La filial ucrania de la ONG Transparencia Internacional, una de las firmantes del manifiesto, emitió un comunicado el 17 de enero en el que advertía que “los ataques a los periodistas se están convirtiendo en algo sistemático”.
“Transparencia Internacional Ucrania considera que cualquier modo de presión contra los periodistas es inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta las aspiraciones del país para acceder a la Unión Europea”, añadía. El comunicado se divulgó a raíz de un caso de coacción que ha sido investigado por la Fiscalía y que incluso provocó la intervención de Zelenski. El medio digital Bihus, especializado en reportajes de investigación sobre mala praxis en el poder, fue espiado durante meses por el SSU. Vídeos de la vida privada de miembros de la redacción fueron grabados por sus agentes y difundidos en las redes sociales.