Deuda pone en r la vida de n
MADRE DE BEBÉ CON PARÁLISIS CEREBRAL TEME POR ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO ELÉCTRICO. LA USUARIA PRESUME QUE HAY UN ERROR EN SU FACTURACIÓN.
El concentrador de oxígeno que mantiene con vida a Jesús hace ruido como un motor viejo. Ese sonido, que a duras penas permite hablar dentro de la habitación del niño, de 2 años, es como música para Miriam Matías.
La madre de familia evita hablar de la muerte, pero sabe que si ese artefacto dejara de funcionar, la salud de su bebé podría complicarse. Jesús nació el 7 de enero de 2017 con parálisis cerebral severa. Esa máquina ruidosa es la que lo provee de oxígeno y otra, succiona la saliva que no puede deglutir, porque su discapacidad no se lo permite.
Solo pensar en que el aparato dejara de recibir electricidad la desespera. Y desde junio pasado, es una pesadilla con la que tiene que lidiar a diario. Ese mes, Miriam recibió una planilla de consumo eléctrico por 300 dólares, cuando su consumo regular siempre había sido de entre 18 a 27 dólares.
La señora contó que los problemas surgieron luego de que un empleado de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudiera hasta su domicilio, ubicado en Socio Vivienda 3 en el sector Nuevos Ceibos, a realizar un cambio en su medidor supuestamente “sin explicarme por qué lo iba a cambiar”.
Angustiada por el monto que, asegura le es imposible pagar, acudió hasta una oficina de la institución donde le informaron que presuntamente le cambiaron el medidor porque el antiguo “no estaba consumiendo lo mensual. No tenía ni un mes el medidor nuevo y me sale toda esa deuda”, relató.
Sobre una mesa plástica en su sala, desparrama una pila de planillas que reflejan montos a pagar por 237, 305, 290 y 383 dólares. Le preocupan las cifras, pero más que la dejen sin energía. En dos ocasiones ya han ido trabajadores a realizar el corte, pero les ha explicado la condición de su niño, y estos han desistido. No obstante, teme que pueda ocurrir en cualquier momento.
Miriam presume que su caso es similar a los miles que fueron denunciados durante abril y mayo pasado, por las alzas en las planillas. En esos meses, la entidad gubernamental admitió que no solo hubo errores en la lectura del consumo de energía, sino que se decidió facturar basado en los promedios anteriores. “Estoy consciente de que mi hijo utiliza todas esas máquinas, pero no es para deber casi 400 dólares. Yo pido una explicación de cuánto es que yo consumo mensual y no me quieren decir”, se lamentó la ama de casa que no trabaja porque se dedica exclusivamente al cuidado de Jesús.
Su esposo es ayudante de albañilería, pero su sueldo de 60 dólares semanales les alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus otros tres hijos.
El menor de edad recibe el bono Joaquín Gallegos Lara, porque está registrado en el Consejo Nacional para la
Igualdad de Discapacidades (Conadis), pero es un dinero que destinan solo al cuidado de su salud.
En el cuarto del infante, que más parece la habitación de un hospital, todo es prestado. El Ministerio de Salud Pública (MSP) les cedió una camilla y el concentrador de oxígeno que está conectado a la tráquea del niño. Miriam debe vigilar que una delgada manguera succionadora esté siempre en la boca del pequeño, para evitar que se ahogue.
Por eso, difícilmente puede moverse del hogar. Solicita que las planillas eléctricas le sean entregadas en su domicilio, al igual que a sus vecinos, pues cuenta que desde que le cambiaron el medidor no ha recibido ninguna. Las que tiene en casa las ha retirado en la entidad, las veces en las que ha ido a reclamar por su deuda.
Patricia Mendoza, coordinadora Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, presume que el caso de Miriam podría tratarse de una lectura irregular, pero debe investigarse.
Sin embargo, explicó que por las condiciones del menor de edad y por tratarse de un grupo de atención prioritaria se iniciarían acciones inmediatas para que la CNEL revise este caso “y, sobre todo, para que no se corte el servicio. Ingresado el reclamo ,( que se haría ayer) ellos no pueden suspender el servicio”.
La funcionaria explicó que en Guayaquil son más de 96 mil los usuarios afectados por cobros excesivos en el servicio, pero en la Defensoría se presentaron 873 quejas de abril a septiembre. De estas, 400 han ido tramitadas.