Reformas económicas, al banquillo
Poder Legislativo analizará con carácter urgente lo enviado por el Ejecutivo. Expectativa.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador inició ayer el análisis al proyecto de reformas tributarias presentado por el jefe de Estado, Lenín Moreno, tras haber derogado un decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y que causó once días de protestas en el país andino.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, informó de que en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvieron admitir a trámite el proyecto de ley económico-urgente enviado por el Ejecutivo.
“La Comisión de Régimen Económico analizará esta propuesta. Somos responsables con el país y garantizamos desde la Asamblea un debate amplio para el beneficio de todos”, anotó en Twitter.
Una fuente de la Asamblea indicó que, una vez notificada, la comisión tendrá cinco días para socializar el documento y diez para presentar el primer informe para debate en el pleno.
El Ejecutivo entregó al Parlamento de Ecuador el plan de reforma tributaria, una de las cuatro a las que se comprometió ante el
Fondo Monetario Internacional (FMI) para la obtención de una línea de crédito y que generó una ola de violencia sin precedentes en el país andino.
El proyecto busca “generar un nivel de recaudación que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, al tiempo de facilitar y modernizar el sistema tributario para que los emprendedores tengan más oportunidades de generar crecimiento económico y oportunidades de empleo”, según el Ministerio de Finanzas.
La reforma que presentó el Ejecutivo tiene que ver mayormente con los aspectos tributarios del paquete acordado con el FMI y otras entidades internacionales para recibir una línea de crédito por 10.200 millones de dólares.
Están también por delante la reforma presupuestaria, la laboral y la orgánica, no menos espinosas que la tributaria por lo que suponen para la reducción del gasto público.
Los cambios propuestos incluyen enmiendas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) y el Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), con el fin de darle mayor autonomía al Banco Central.
Según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se trata de una “reforma legal para modernizar el sistema tributario y promover emprendimiento” y no incluye un alza en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La reforma tributaria original incluía la eliminación a los subsidios a los combustibles, que dio lugar a once días de protestas sociales, que incluyeron una ola de violencia sin precedentes, y que en su nueva versión ha quedado en suspenso.
En el contexto de la ola de violencia que provocó la versión original y que concluyó el 13 de octubre con el acuerdo entre el movimiento indígena y el Gobierno, murieron al menos seis personas y cientos resultados heridas.
El ministro de Economía deberá encontrar ahora vías para suplir los casi 1.400 millones de dólares que se esperaban ahorrar con la eliminación del subsidio a los carburantes.
Parte de ese dinero provendrá de la ampliación de la base de recaudación entre las empresas más grandes, que deberán pagar un suplemento al impuesto de sociedades, según el proyecto.
Aquellas con facturación entre 1 y 5 millones de dólares aportarán durante tres años un 0,1 % de esa facturación; las que facturen entre 5 y 10 millones pagarán 0,15 % anual, y aquellas con más de 10 millones un 0,2 % adicional.
También serán tasadas las bolsas de plástico, los insumos de cigarrillos electrónicos y se eliminarán las desgravaciones fiscales para cualquiera con más de 100.000 dólares de ingresos anuales.
Otras medidas buscan favorecer a la pequeña empresa con la eliminación de la burocracia en el pago de rentas anticipadas o de retenciones al fisco.
DATO
El plan de reformas responde a uno
de los compromisos con el FMI.