¡Crimen por un número telefónico!
La víctima era un comerciante a quien supuestamente solo querían quitarle su celular para acceder a un contacto y hacer un pedido masivo de electrodomésticos.
No tenía intención de matarlo. Al menos así lo aseguró Pablo Santiago Agila desde el banquillo de los acusados en la sala de una dependencia judicial del norte de Quito.
Aún así, 34 años y ocho meses de prisión fue la sentencia que recibió el sospechoso como coautor del asesinato de Carlos Mosquera. Los otros dos implicados están prófugos.
El comerciante, de 56 años, fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre de 2018. Según sus allegados, esa fecha había sido citado por un supuesto cliente nuevo para el cierre de un negocio.
Ocho días más tarde, la Policía encontró su cadáver dentro de una oficina rentada, ubicada en Las Casas, en el norte de la capital. Había sido amarrado de pies y manos y tenía el rostro envuelto con cinta de embalaje.
Durante su testimonio, Geovanna Soto, perito de Medicina Legal, precisó que la causa de muerte del comerciante fue asfixia. Así lo confirmó la necropsia.
PLAN FALLIDO
Lo que Agila quería de Carlos Mosquera era su teléfono celular para acceder al contacto de un buen cliente. Utilizando su nombre, los tres implicados harían un pedido de un millar de electrodomésticos.
Horas antes de la entrega de las licuadoras, los sospechosos golpearon a Mosquera y lo amarraron. Según el expediente, desbloquearon el teléfono móvil de la víctima con su huella dactilar y accedieron al número del cliente.
Luego de hacer el pedido a nombre de Carlos, dejaron el sitio rumbo a Llano Chico, donde les entregarían la mercadería. Para ello, habían rentado un camión.
En la diligencia, que se realizó en días pasados, al encargado de la bodega relató que durante la entrega de los artículos le llamó la atención la ausencia del cliente. Y –tal vez– la situación hubiera quedado allí.
Sin embargo, la mercadería solicitada no alcanzó dentro del camión, por lo que el testigo telefoneó al cliente, quien negó haber realizado el pedido.
“Cuando llegó la Policía (a la importadora) nos fuimos al Valle, no sabíamos si don Carlos falleció o no. No se logró facturar, todo se salió de las manos”, contó Agila.
Al menos 29 testigos participaron en la diligencia y aportaron con detalles al caso. Por ejemplo, el dueño del edificio –que tenía otras 18 oficinas en renta– recordó que ese 19 de diciembre pasaba por el pasillo y escuchó el ruido de la cinta de embalaje.
Cuando golpeó la puerta salió uno de los sujetos, quien nueve días antes había alquilado el espacio para una supuesta empresa de turismo. Después, vio otro hombre que “limpiaba y limpiaba las puertas”, informó al Tribunal.
Además de los años de prisión, el hombre deberá pagar cien mil dólares como reparación a la familia de su víctima. La sentencia no está ejecutoriada.
EXCOMPAÑEROS
El procesado y otro de los acusados eran excompañeros de trabajo de la víctima. Según Fiscalía habrían planificado –desde octubre– una estafa a la importadora a través de Carlos. Para lograrlo, necesitaban su teléfono.