El futuro de las SEMILLAS en Ecuador
¿Por qué debería preocuparnos el futuro de las semillas?
Es verdad: no es un tema relevante para todos. Solo para aquellas personas que consumen alimentos. Si eres una de esas personas, te invitamos a conocer más a fondo la situación de las semillas en Ecuador con la ley aprobada por la Asamblea Nacional en junio pasado.
Hace algunos años, durante un debate público entre la sociedad civil y el estado sobre el tema de las semillas transgénicas, una mujer indígena tomó la palabra y dijo a la audiencia: “Semilla es aquello que sirve para reproducir la vida. Si estas nuevas cosas que nos presentan no se reproducen, o no las podemos guardar para volver a sembrar, entonces, ¡no son semillas!”. Se refería tanto al carácter “terminal” que tienen algunas cepas comercializadas por las empresas de agrotecnología como a la prohibición legal de reproducir las que fisiológicamente sí podrían hacerlo; ambos mecanismos aseguran que el productor tenga que comprar la semilla de estas empresas cada vez que necesite sembrar.
En Ecuador conviven varios sistemas culturales. Nuestra constitución así lo reconoce y declara que somos un estado plurinacional e intercultural de derechos. Eso significa que el estado debe velar por que se respete el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a vivir en sus propios sistemas culturales.
De acuerdo con uno de nuestros sistemas culturales, el de la visión occidental de la ciencia, la semilla es exclusivamente el resultado de la reproducción sexual de la planta, y viene en un paquete conformado por el embrión y una reserva alimenticia. De acuerdo con otro de los sistemas, el de la visión andina, semilla es todo aquello que reproduce la vida. Se incluyen en esta amplia categoría las partes vegetativas que se usan a menudo para reproducir una planta, como raíces y estacas, e incluso aquellos animales seleccionados para la reproducción.
De acuerdo con la visión de la agroecología, la calidad de la semilla depende de su diversidad genética, del manejo orgánico del cultivo y de una buena selección orientada al valor nutricional, la resistencia a plagas y enfermedades, la resiliencia frente a los cambios ambientales, la adaptación a las condiciones locales, el sabor y el aroma. De acuerdo con la visión de la semilla industrial y con las normas fitosanitarias que derivan de
ella, la calidad de la semilla depende de que sean uniformes, distintivas y estables, y de que tengan una alta respuesta a los productos agroquímicos.
¿Cómo cumplir con el reto que hemos asumido como nación, y respetar estos sistemas tan disímiles? Esa es la interrogante que puso contra las cuerdas a la Asamblea Nacional, a varias organizaciones de la sociedad civil y a las empresas privadas en el segundo semestre del año 2016. UN LARGO PROCESO, TRUNCADO Para comprender esta historia hay que remontarse al año 2009. En ese entonces, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA) empezó a elaborar una propuesta para una ley de Semillas. El proceso duró dos años, y en él participaron alrededor de dos mil personas en representación de unas quinientas organizaciones, asociaciones, comunidades y empresas privadas. La ley que resultó de este proceso tenía aspectos novedosos: planteaba la protección de la semilla campesina, su libre circulación, el incentivo a su producción, al tiempo que sostenía el control obligatorio para la semilla industrial. También promovía el desarrollo de la agroecología. Esta propuesta de ley fue presentada a la Asamblea Nacional y al público en 2012, pero no pasó del primer debate.
En julio de 2016 la comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional anunció que llevaría a segundo debate una nueva propuesta de ley de Semillas, que reemplazaba a la ley COPISA, pues aducía que esta “era ya muy antigua” y debía ser reformada.
La comisión no presentó al público su nueva propuesta, pero esta circuló subrepticiamente por las redes sociales causando gran preocupación entre varios organismos de la sociedad civil. En ella se proponía la certificación obligatoria para todo tipo de semilla y se declaraba a la semilla como recurso estratégico perteneciente al estado. Diversas normas de la ley respondían a esa lógica, e incluían sanciones para quienes comercializaran semilla no certificada. EROSIÓN GENÉTICA Y MONOPOLIOS En realidad, el control de la semilla mediante certificación no es novedoso. En Francia, por ejemplo, se impuso en 1949. El resultado es que la mayor parte de las semillas que tienen permiso de circular en el país galo son híbridos comerciales. La casi totalidad de semillas tradicionales, campesinas, diversas, ricas en nutrientes, adaptables al cultivo orgánico, están prohibidas; no pueden circular ni comercializarse legalmente. Los mecanismos de control llegan a extremos ridículos, que afectan a los derechos del consumidor. Por ejemplo, en Alemania, la asociación Démeter (famosa por su producción orgánica de semillas de alta calidad) trató de introducir al país una variedad muy antigua de zanahoria asiática, de raíz larga, delgada, cremosa y deliciosa. Cuatro años le llevó a Démeter adaptar la semilla al clima germano. Cuando la tuvieron lista, la presentaron a las autoridades para obtener el permiso de reproducción y venta. Lo negaron. ¿El argumento? Según las autoridades, esta variedad no llegaba al diámetro mínimo que exigía el reglamento para las zanahorias en Alemania. Démeter perdió su inversión, el pueblo alemán perdió la oportunidad de acceder a esta delicia, y se perdió la posibilidad de incrementar la diversidad genética de las zanahorias alemanas. En Alemania, el gobierno exige que todos los granjeros reporten cada año la totalidad de las variedades de semillas que siembran; más de 4 mil granjeros han sido llevados a juicio por el “terrible crimen” de negarse a cumplir con este requisito en defensa de su derecho a la semilla.
Según la FAO, en el último siglo el avance de la agricultura industrial ha significado la pérdida del 75% de las variedades de semillas. La inmensa diversidad recibida de nuestros ancestros ha sido reemplazada por un pequeño número de variedades que pertenecen a la industria. Cinco empresas –Bayer-monsanto, Syngenta, Dow-chemchina, Dupont y Novartis– controlan el 80% del mercado de las semillas. Para estas empresas, las semillas representan sobre todo el enganche para la venta de sus productos químicos, donde residen sus multimillonarias ganancias. Las semillas industriales son vulnerables debido a su uniformidad genética, requieren el uso de agroquímicos y, como se dijo más arriba, muchas no se pueden volver a sembrar, por lo que todo el sistema alimentario pasa a depender de estos monopolios.
LA RESPUESTA EN ECUADOR Ante estas amenazas, la sociedad civil ecuatoriana se organizó mediante foros y encuentros de discusión. Dos puntos esenciales surgieron del análisis de la propuesta de ley oficial: La semilla no puede ser patrimonio del estado, pues este no la creó ni la mantiene. La semilla pertenece al pueblo. Según los participantes en el foro “Semillas y Soberanía Alimentaria en Riesgo”, la semilla –su obtención, reproducción comercialización e intercambio– es un derecho humano básico. De ello deriva que la semilla debe circular libre, nunca debe ser sometida a procesos de registro y certificación obligatoria, que además generan erosión genética y ponen en riesgo la seguridad alimentaria. Estos dos puntos fueron reiterados durante las audiencias prelegislativas provinciales organizadas por la comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, en foros y reuniones, en eventos comunitarios y en medios de comunicación. El esfuerzo no fue vano, y la ley se aprobó con cambios significativos: El estado reconoce que la semilla es patrimonio del pueblo, incluyendo los recursos genéticos que contiene. Se crean en la ley dos sistemas de semillas: el convencional para la semilla industrial, y el no convencional, que incluye todos los otros sistemas de semillas: ancestrales, 1. Zambo ( Cucurbita ficifolia). 2. Alguno de los zapallos ( Cucurbita sp.). 3. Remolacha ( Beta bulgaris). 4. Alhelí rosado ( Erysimum cheiri). 5. Bunga ( Bombus sp.) en un cultivo orgánico mixto en la finca Palugo, en Pifo; cuando se utilizan pesticidas químicos, estos y otros polinizadores desaparecen. 6. Linaza ( Linum usitatissimum). 7. Colección de semillas durante el mullu raymi, una feria de semillas en Cotacachi. 8. Papanabo ( Brassica rapa). 9. Papas ( Solanum tuberosum) y mellocos ( Ullucus tuberosus). 10. Habas ( Vicia faba). 11. Frutilla ( Fragaria x ananassa). 12. Mortiños ( Vaccinium floribundum).
13. Culantro ( Eryngium foetidum). 14. Lechugas ( Lactuca sativa) en un cultivo agroecológico, donde la salud de los cultivos no depende de la erradicación de otras especies. 15. Chirivía (pariente de la zanahoria, Pastinaca sativa). 16. Chocho ( Lupinus mutabilis).
agroecológicas, naturales, de campesinos, etc. La ley declara que las semillas no convencionales nunca serán objeto de certificación obligatoria. El estado garantiza la libre circulación de estas semillas, incluyendo el derecho a su compra y venta por parte de la población. Este es un triunfo significativo en América Latina, donde la certificación obligatoria se ha impuesto en la mayoría de países, lo que ha generado conflictos sociales importantes y pone en riesgo el derecho a la alimentación.
No todo es color de rosa, sin embargo. Hay artículos en la ley que entran en contradicción con la propuesta general de garantizar el libre flujo de semillas, sea por intención o por descuido. La ley dice también que si la semilla no convencional quiere acceder al “mercado convencional”, deberá someterse a las normas fitosanitarias vigentes. Recordemos que se trata de normas creadas por la industria, de acuerdo a su concepción del mundo, donde existen unos enemigos llamados plagas y enfermedades que causan daños a los cultivos y deben ser eliminados a toda costa y al primer síntoma. Para la agroecología, sin embargo, los organismos que causan plagas y enfermedades coexisten en armonía con el cultivo; solo se convierten en amenazas cuando hay algún desequilibrio importante en el sistema. Es decir, no son la causa del problema sino un síntoma. Al caminar por la huerta diversificada de cacao fino de aroma de George Fletcher en Caimito, por ejemplo, se pueden ver aquí y allá brotes del temido hongo escoba de bruja. George no muestra preocupación alguna mientras corta con el machete el brote y lo tira al suelo, donde el ecosistema activo se encargará de comerse al hongo antes de que cause alguna afectación y sin necesidad de fumigaciones.
Las normas fitosanitarias vigentes responden a un solo modelo cultural de manejo del cultivo, lo que significa que están desactualizadas y son inadecuadas de acuerdo a los principios constitucionales del Ecuador. Si la ley de Semillas se mantiene como está, la población ecuatoriana no tendrá la posibilidad de acceder a través de los mercados convencionales a la diversidad de semillas que hemos heredado. EL VETO DE DESPEDIDA A solo cuatro días de terminar su mandato, el expresidente Rafael Correa vetó esta ley de Semillas en un punto específico: exigió que se permita el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al país “con fines investigativos solamente”. Esto entra en contradicción con el artículo 401 de
nuestra constitución que señala que la Presidencia deberá argumentar y la Asamblea debatir la necesidad de permitir el ingreso de transgénicos caso por caso, y solo excepcionalmente. En el texto propuesto por Correa, estos candados se saltan y los transgénicos ingresan sin debate siempre que se diga que son para investigación.
El 1 de junio de 2017, la Asamblea se sometió al veto presidencial con 73 votos a favor (el bloque de Alianza País salvo una abstención) y 53 en contra (todos los otros bloques). Con esto, Ecuador se arriesga a perder su condición de único país en Sudamérica constitucionalmente libre de cultivos transgénicos, y las ventajas competitivas, sociales y ambientales que derivan de dicha condición.
Uno de los peligros que esto conlleva es que la investigación de semillas transgénicas necesariamente se hace en campos de cultivo, y es imposible impedir que la modificación genética escape de esos campos y contamine los alrededores. En México varios estados tienen su maíz contaminado, incluso las variedades ancestrales utilizadas en la cocina familiar. En muchos casos la contaminación se dio con variedades transgénicas que no son aptas para el consumo humano. Y la contaminación transgénica, cuando se extiende, es irreversible.
Estos riesgos ambientales tienen particular relevancia en nuestro país. Vivimos en una de las más importantes zonas de origen de cultivos en el mundo. De acuerdo a la Enciclopedia de las Plantas Útiles del Ecuador, existen más de 5 mil especies vegetales con usos conocidos. Cada una de ellas puede tener de decenas a cientos de variedades, por lo que hablamos de decenas de miles de tipos de semilla. La industria no está interesada en casi ninguna de estas especies. Es probable que nunca veamos una semilla industrial de jícama, de maíz negro, de zapallo limeño, de porotón, de fréjol torta, de tzintzo o de chilangua. Y son plantas como estas las que constituyen nuestro patrimonio alimentario, las que debemos rescatar y poner otra vez en nuestros platos para recuperar nuestra salud y la del ambiente. Manos campesinas
preservan y siembran cada año estas semillas, pero para mantener esa labor, necesitan acceder a los mercados. Para el resto de la población, lo que está en juego es el derecho más básico que tenemos como consumidores, el de poder elegir el tipo de productos que deseamos y necesitamos consumir, sanos, saludables, deliciosos, libres de venenos y transgénicos.
Por ser una tecnología reciente, no es posible conocer ahora las consecuencias a largo plazo de consumir plantas con metabolismos distintos a los de las plantas normales. Sin embargo, hay cada vez más estudios independientes sobre el efecto de los transgénicos en la salud, y algunos de ellos han arrojado indicios de que podrían producir mayor riesgo de alergias o desencadenar procesos celulares relacionados con el cáncer. Aunque no son concluyentes, bastan para que bajo el principio de precaución se impida la adopción masiva de estas tecnologías.
¿Qué podemos hacer? En primer lugar, informarnos. Hay que desconfiar de la información que proviene de las partes interesadas: científicos y empresas que esperan lucrar con la introducción de transgénicos. Debemos movilizarnos y apoyar a las organizaciones que sostendrán la lucha por las semillas libres.
Por último, como consumidores debemos evitar los alimentos que contienen transgénicos. En Ecuador el etiquetado es obligatorio, pero no siempre se cumple. Se puede evitar todo producto que contenga soya o aceite de soya, por ejemplo, pues el 90% de ella es transgénica. También el pollo de galpón, alimentado con transgénicos. No solo por razones de salud, sino porque al consumirlos estamos implicándonos y apoyando esas economías. Ser más conscientes del mundo en que vivimos, de lo que consumimos y de las consecuencias de nuestras acciones. Somos parte del ecosistema y es nuestra salud y el futuro de nuestros hijos lo que está en juego. Y saber, como han sabido siempre los campesinos, que todo empieza con la Semilla
Javier Carrera es fundador de la Red de Guardianes de Semillas y miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador. Investiga temas alimentarios y de sustentabilidad y es editor de la revista ecológica Allpa. www.allpachaski.com