El mal negocio de la minería
Escribo para felicitarles por su edición especial sobre minería en la cordillera del Cóndor ( ETI 105). Ofrece una mirada muy completa de la problemática. Sin embargo, me parece que faltó un componente económico. La justificación que nos inventó el gobierno es que los ingresos generados por la minería son indispensables para el desarrollo del país. Es decir, que debemos sacrificar el bienestar de las comunidades shuar y los ecosistemas únicos de la cordillera del Cóndor en favor de un desfigurado bien común. Esta premisa es obviamente enfermiza, pero ni siquiera es válida en términos estrictamente económicos.
El precio del cobre a la fecha fluctúa alrededor de los 5,5 dólares estadounidenses por kilogramo y los costos de extracción ascienden a más o menos tres dólares por kilogramo. Según diario El Comercio (4 de enero de 2016), las reservas del proyecto Mirador se estiman en cerca de 3 mil millones de kilogramos, con una inversión de 2014 millones de dólares. Un sencillo cálculo demuestra que las ganancias rondarían los 5300 millones de dólares. Si imaginamos un escenario muy optimista de diez años de operación (en su revista se citan treinta), tenemos 530 millones de dólares anuales. Si el Estado recibe el 5% mínimo establecido en la ley de Minería, más el 25% del impuesto a la renta, serán 160 millones de dólares por año. Comparada con los 36 mil millones del presupuesto estatal de 2017, o con los casi 98 mil millones del PIB, esta cifra resulta en verdad irrisoria. ¿Vale la pena el sacrificio?
Además, el estado está obligado a responder por costos sociales y ambientales difíciles de medir en monedas. ¿Cuánto cuesta el desplazamiento de un pueblo? ¿Cuánto cuesta la profanación de una montaña sagrada? ¿Cuánto cuesta descontaminar un río? ¿Cuánto cuesta la extinción de una especie endémica? ¿Cuánto costó movilizar 2 mil efectivos militares, con equipamiento,
combustible, alimentación, municiones? ¿Cuánto costará la perpetuación del conflicto? Y mejor aún, ¿qué tal si conseguimos demandar a los responsables de violar la constitución, los derechos de la naturaleza y los derechos humanos? ¿A cuánto ascenderían los daños y perjuicios?
Es probable que el gran beneficio de un negocio tan malo –como ya se ha establecido con certeza en otros casos similares– esté en las comisiones que podrían haber cobrado funcionarios corruptos. Lo peor de todo es que lo hemos permitido y vamos a pagar los costos de nuestra complicidad por varias generaciones. David Parra, Quito Minería y derechos Los pueblos del Ecuador han encontrado un aliado imprescindible en Ecuador Terra Incognita. La publicación 105 retrata de la mejor manera el conflicto social más agudo que afecta al país entero: la minería a gran escala y la guerra desatada contra la nación Shuar del Ecuador. Cientos de indígenas desplazados, perseguidos, humillados por la prepotencia del gobierno. Una década de abusos que devino en una pesadilla de ojos abiertos y que aún no tiene visos de solución.
Me atrevo a felicitarlos por atender de una manera tan frontal este enfrentamiento y resaltar a las víctimas de esta perturbadora situación. Con cada letra dedicada y todas las imágenes comprometidas hacen el mejor aporte para construir un Estado Plurinacional donde se respete el derecho al consentimiento previo, libre e informado para los pueblos indígenas. Invito a los lectores a compartir una visión alternativa sobre el desarrollo: “cuidar la naturaleza y vivir con la naturaleza”, como menciona un líder shuar. Jose Proaño, Quito