Quimsacocha: minería y democracia
A Girón, Azuay, la rodean los páramos de Quimsacocha. Sus habitantes decidicieron en las urnas priorizar esos ecosistemas y sus recursos por sobre las promesas mineras. Daisy Masapanta relata el dificultoso camino que siguieron las comunidades hasta lograr la consulta, y cómo se preparan para afrontar la reacción del estado extractivista.
Las mujeres de Quimsacocha, con sus polleras coloridas, sombreros de paja toquilla, cabello trenzado y amplia sonrisa, caminaron por las calles del centro de Cuenca el primero de mayo. Sus pies no están cansados, son resistentes, se han curtido durante casi veinte años de oponerse a la arremetida de las mineras transnacionales contra su espacio de vida. “Por un Azuay libre de minería, consulta provincial”, gritaron en coro, varias veces. Este es el nuevo pedido de las defensoras del agua luego del triunfo histórico de la consulta popular del 24 de marzo en el cantón Girón.
El conflicto se remonta a 1999, cuando Iamgold Corporation adquirió el derecho a las concesiones Cerro Casco, Río Falso y Cristal, en el macizo del Cajas. Las 8 mil hectáreas concesionadas son un territorio tan vasto que abarca tres cantones –Cuenca, Girón y San Fernando– y casi la totalidad de los páramos que originan el sistema hidrológico Quimsacocha, incluidas las tres lagunas principales que les dan el nombre (en kichwa, kimsa: tres, kucha, laguna). Estas vertientes abastecen de agua a innumerables comunidades campesinas, así como, a través del río Tarqui-yanuncay, a más de la tercera parte de los habitantes de Cuenca. La minera estima que podría extraer 62 toneladas de oro, 377 de plata y 40 mil de cobre en el lapso de doce años, lo que significaría para el estado 286 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta y regalías (24 millones al año). El problema radica en que, a pesar de toda la fanfarria por parte de las empresas sobre tecnología de punta y minería sustentable, la extracción a gran escala de minerales no es compatible con la función de producción de agua de los páramos, ni con economías alternativas como la agropecuaria o el turismo. Así lo señalan varios estudios realizados en el área (entre otros, Bonilla 2013, Torres 2015, Kuipers 2016, Pesántez 2017). Los principales impactos, aunque no los únicos, provienen de la contaminación del agua por desechos, por liberación de arsénico y otros metales pesados cuando se remueven las rocas, y por el proceso químico llamado drenaje ácido de mina (ver ETI 54 y 105). También está el enorme consumo de agua por parte de
la operación, equivalente al de una ciudad de 10 mil personas, que puede desecar las vertientes y los humedales. Frente a este escenario, los usuarios del agua de la zona agrupados en organizaciones como la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, promovieron la consulta popular para zanjar una disputa en la que tener la ciencia y el derecho de su lado no ha sido suficiente.
Uno de los proponentes más activos ha sido Bolívar Quezada, de 33 años, presidente de los sistemas de agua de la comunidad de Cauquil, parroquia San Gerardo. A Cauquil la conocen como “la tierra seca”, ya que no tuvo acceso al agua potable durante muchos años. Hasta que en 2010, adultos y jóvenes, hombres y mujeres, se organizaron para crear el sistema comunitario y abastecerse de agua desde Lago Cristal, la parte baja de Quimsacocha. La escasez del agua marcó su vida, así como la de las 103 familias de la comunidad. Las memorias son frescas: cultivos dañados, animales muertos, pastos secos. Cuando Bolívar era niño corría con baldes para recolectar agua desde los reservorios y vertientes.
El 24 de marzo, día en que se consultó a la población “¿Está usted de acuerdo en que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?”, Bolívar y otros comuneros ondearon sus banderas azules por las calles de Girón. Al final de la jornada, el “no” ganó de largo, con el 86,79% de los votos del cantón. En la parroquia Asunción, el 86,43% dijo no a la minería. Girón, la parroquia con mayor población, también votó por el no en un 88,63%. En San Gerardo la diferencia fue menor. En este territorio, fragmentado por la circulación clientelar de las regalías mineras anticipadas, el no se impuso con el 55,27%.
Hoy, desde su chacra donde cultiva maíz, arveja, papas, zambos y porotos para alimentar a su familia y procurar algunos ingresos, Bolívar califica de “histórica” la consulta, y exige que se respete la decisión de los gironenses en las urnas.
EL GOBIERNO DE LAS TRANSNACIONALES
El resultado de la primera consulta popular vinculante en Ecuador en temas mineros alarmó a las empresas y al estado que las patrocina. Sienta un precedente poderoso y abre otras vías de resistencia para las poblaciones locales en el contexto de los enconados conflictos que acompañan la agresiva estrategia minera que el estado y las empresas han designado para el país. Las empresas temen ver afectadas sus ganancias y su capitalización en bolsa, y el estado no quiere verse expuesto a demandas por la revocatoria de derechos que ha entregado a las mineras (a menudo con irregularidades de bulto y siempre con inadecuada consulta a las poblaciones locales). Tampoco quiere perder los ingresos y la inversión que proyecta para el sector, que aunque son mucho menores que los costos sociales y ambientales que generaría la minería, ve como urgentes en medio de los apremios fiscales.
En consecuencia, la celebración de las comunidades de Quimsacocha duró apenas la noche de la consulta. Al día siguiente, un comuni
de la empresa Invmetals informaba que reubicará las instalaciones de procesamiento y relaves fuera del cantón Girón y que seguirá con sus actividades, además de que agotará todas las instancias legales jurídicas en Ecuador y en organismos internacionales.
El martes 26 de abril Carlos Pérez, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que la situación era “preocupante”, que los resultados son “un golpe” para la industria minera. Habló de la probabilidad de demandas contra el estado y hasta adelantó que perdería frente a esas demandas. El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, ferviente opositor a la consulta de Quimsacocha, señaló que la afectación económica sería de entre 500 a 700 millones de dólares. Para el viernes de esa semana, nueve empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería ya se habían agrupado en la que denominaron Alianza para la Minería Responsable y, con el mismo argumento que quiso esgrimir el ministro Pérez para bloquear la consulta en Quimsacocha, solicitaron a la corte constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de consultas populares sobre temas de interés nacional.
Estas primeras reacciones anticipaban la adopción de maniobras concertadas entre las empresas y el estado contra las comunidades defensoras del agua. El 24 de abril el viceministro de Economía, Santiago Caviedes, informó que los proyectos mineros llamados “estratégicos” –Mirador, Fruta del Norte y Loma Larga (Quimsacocha)– fueron incluidos dentro de la planificación de ingresos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para reforzar la idea de que no hay vuelta atrás en la explotación minera (una suerte de venta anticipada del cobre y del oro).
Al día siguiente, el presidente Lenín Moreno, mediante el decreto ejecutivo 722, dispuso que el ministro Pérez defina una nueva política minera en el plazo de treinta días. Pero la política ya fue trabajada hace mucho tiempo; estaba lista en menos de dos días. Prominente entre sus seis ejes está evitar que se “abuse” de la consulta popular y definir parámetros
limitantes para la consulta previa. También incluye profundizar aún más las exenciones tributarias y la reducción de requisitos legales y ambientales para las empresas mineras.
El escenario es más tenso por otro importante triunfo de las poblaciones locales. El 26 de abril la corte de justicia de Pastaza falló a favor de las dieciséis comunidades waorani que interpusieron una acción de protección porque no hubo una consulta previa, libre e informada para licitar la explotación petrolera en sus territorios, que se superponen con el bloque 22 que está en planes del gobierno. Al anunciar que el gobierno apelaría la sentencia, el ministro Carlos Pérez enfatizó, molesto y con el talante democrático característico del sector, “¡la minería en Ecuador va porque va!”, y días más tarde inició el proceso de licitación de los bloques 86 y 87, a la que hay una viva oposición de las comunidades achuar, sápara, shiwiar y kichwa cuyos territorios afectaría.
TRABAS A LA CONSULTA EN GIRÓN
Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), proponente de la consulta popular de Girón, muestra el documento del Consejo Na
cional Electoral (CNE) que certifica la victoria del no a las actividades mineras. “El resultado de la consulta se va a respetar”, afirmó ante los medios de comunicación el 25 de abril.
Con el rostro que denota cansancio, Lauro aclara que no está rendido. Él recuerda las dos décadas en que, junto a sus compañeros, han luchado en calles y plazas. En 2011, organizaron la primera consulta comunitaria no vinculante en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, cuando más del 93% de votantes le dijo no a las actividades mineras. “El gobierno de Correa nos decía ‘ganen las elecciones’, y decidimos hacer la consulta”, dice, al hablar del proceso al que también se le puso varias trabas.
Ya para la consulta oficial de este año, el defensor del agua, Jhonny Tapia, cuenta que los miembros de la Unión de los Sistemas Comunitarios del Agua y de la FOA tuvieron que hacer cerca de cincuenta viajes a Quito para insistir a la corte constitucional que se pronuncie, hasta que en noviembre de 2018, el organismo electoral transitorio le dio paso.
En febrero de 2019, el ministerio de Minas pidió medidas cautelares para evitar la consulta popular; aducía que iba en contra del derecho de todos los ecuatorianos a beneficiarse de la explotación de los minerales. Sin embargo, la jueza Ximena Barragán archivó el pedido con el argumento de que el ministro no tenía la competencia para tutelar los derechos de los ciudadanos. Y a solo una semana de las elecciones, el juez Vicente Rivadeneira acogió la solicitud del colectivo prominero Unidos por el Desarrollo de los cantones de Girón y San Fernando y dictó medidas cautelares para suspender la consulta hasta que la corte constitucional se pronuncie, pero el CNE solicitó que se revocaran las medidas cautelares y se destituyera al juez por interferir con las elecciones.
El domingo de elecciones, las alarmas por irregularidades en el desarrollo de los comicios empezaron desde las primeras horas. La desconfianza se mantuvo hasta el cierre de la votación. Cuando los veedores electorales
preguntaban a los electores si se les entregó la papeleta de la consulta, recibían, en cambio, explicaciones de por qué votaron como lo hicieron. “Yo voté por el no. No queremos ser afectados por la minería. Estamos luchando por el agua, por nosotros y nuestros hijos”, o “Sí recibimos la papeleta. Nuestro voto fue en contra porque creemos que la minería, sea legal o ilegal, igual afecta las fuentes hidrológicas”. Eran mujeres con pollera y sombrero; sus expresiones afirmaban que las trampas del estado y las empresas mineras en este proceso electoral no serían efectivas frente a un pueblo unido y vigilante. Ante cualquier movimiento sospechoso, las comunidades lo reportaban y difundían, y los medios de comunicación alertaban a sus audiencias. Las miradas de otros países también estuvieron pendientes de esta consulta porque eventos como estos tienen repercusiones en otros procesos de resistencia a la megaminería más allá de nuestras fronteras.
SE REACTIVA LA LUCHA POR EL FUTURO
Ángel, Bolívar y Jéssica viven de la agricultura y la ganadería; tanto su subsistencia actual como el futuro de sus familias dependen del agua que baja de Quimsacocha. Con el triunfo que obliga a parar las actividades mineras que amenazan esas cuencas, sus proyectos de vida volvieron a ser viables y ganaron cierta estabilidad. Con las últimas disposiciones del gobierno y las movidas de las empresas, sin embargo, la incertidumbre se cierne sobre su futuro otra vez.
Cuando eran muy jóvenes, tanto Ángel y Bolívar, que hoy tienen 25 y 33 años respectivamente, suspendieron sus estudios para asumir el rol de padres; además, mantienen a sus hermanos menores con la actividad agropecuaria. Jéssica, que ahora tiene veintitrés años, cultiva una huerta familiar de donde obtiene sus propios alimentos, al mismo tiempo que trabaja en un emprendimiento con su madre Inés. Son dieciséis años desde que el padre de Jéssica emigró a los Estados Unidos y tuvieron que hacerse cargo de la manutención familiar.
Con la explotación minera sus únicas opciones de vida se ven amenazadas. Lo imaginan como un escenario de “muerte” y “desaparición”. “Sin agua, todo va a
desaparecer, va a morir. Yo vivo del campo. ¿Qué hago sin agua?”, dice Ángel. Ellos quieren vivir de la tierra, disfrutar del mote que esta les brinda y gozar del río Tarqui, que nace de los páramos de Quimsacocha. Esperan que en algún momento los gobernantes se pongan en los zapatos de las comunidades y no de las transnacionales.
Si la experiencia es un indicativo, esto no ocurrirá sin que esos gobernantes sientan una significativa presión. Por eso la FOA ya prepara nuevas acciones. En rueda de prensa del 27 abril, su titular, Lauro Sigcha, anunció que exigirán la salida de Invmetals en cumplimiento del artículo 106 de la constitución, que establece que “el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento”.
La consulta popular no es el único respaldo para detener las actividades mineras. El examen especial al proyecto Loma Larga, realizado a finales de 2018 por la Contraloría General del estado detalla siete irregularidades de fondo –actividades sin licencia ambiental, incumplimiento del plan de inversiones, uso del agua fuera de las recomendaciones técnicas, entre otras– que son causal de caducidad de las concesiones.
En el plano político, la coalición antiminera ya trabaja para llevar adelante la consulta popular en la provincia del Azuay, un ofrecimiento de campaña del nuevo prefecto, Yaku Pérez Guartambel. La consulta provincial también fue una exigencia de la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua –conformada por comunidades, académicos, gobiernos locales y activistas– en el salón de la ciudad de Cuenca, el 6 de mayo. Por otro lado, el gobierno busca limitar el alcance de las consultas –“para poner las cosas en orden”, en palabras del ministro Carlos Pérez– mediante decreto ejecutivo y reformas al código ambiental. Sin embargo, como se lo recordó Lauro Sigcha, de la FOA, para ello “deberán primero hacer reformas a la constitución”
Daisy Masapanta es una comunicadora social nacida en Quito. Ha trabajado en medios comunitarios, experiencia que le ha llevado a involucrarse con espacios de defensa de territorios. Integra el equipo de Radio Quimsacocha y de Comunicación FOA. @daisymasapantad